La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura y Deporte, ha rechazado el protocolo de intenciones aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Níjar (Almería) para ceder al Gobierno andaluz el Cortijo del Fraile, el BIC en estado ruinoso que inspiró a Federico García Lorca 'Bodas de Sangre' y que pertenece a la empresa murciana Agrícola La Misión, porque dicho documento "no se contempla como instrumento adecuado" ni es "la vía para dar solución" a la reparación del inmueble.
Así lo han trasladado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico, quienes han precisado que la propuesta, que contempla un convenio de cesión mediante una "mutación demanial subjetiva" de terrenos, fue remitida a la Dirección General de Cultura tras ser recibida en la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, si bien finalmente se ha deshechado.
El alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez (PP), mantiene que la titularidad del BIC debe pasar a manos de la Junta "dado que es la Administración que tiene las competencias en materia de protección del patrimonio cultural", sentido en el que ha defendido el procedimiento que, "sin significar un costo efectivo a las arcas municipales, ni a la Junta, pueda ésta disponer del edificio".
No obstante, la Junta insiste en que la propietaria del inmueble debe cumplir con los requerimientos efectuados desde el Gobierno andaluz centrados en la ejecución de obras para frenar el deterioro del BIC mientras que el Ayuntamiento debe ejecutar el auto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Almería que ordenaba con "urgencia" tomar las medidas necesarias para "conservar y recuperar" el cortijo.
El propio consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ya se pronunció sobre el protocolo de intenciones municipal apoyado por PP y PA, de forma que apuntó que si fuera "factible, legal y posible" sería una "satisfacción". "He vivido una experiencia única porque me he enterado por la prensa que me adjudicaban un cortijo", ironizaba en su última visita a Almería el titular andaluz de Cultura, cuyo departamento tiene pendiente aún resolver el recurso de alzada presentado por la propiedad del inmueble sobre una propuesta de sanción de 30.000 euros por incumplimiento de ejecución de medidas cautelares.
