IULV-CA ha presentado en los ayuntamientos de la comarca del Bajo Andarax, en Almería, una propuesta de creación de un fondo social para el pago de recibos del agua y alcantarillado en la zona, para lo que sería preciso el compromiso tanto de los ayuntamientos como de la empresa concesionaria del servicio, Aqualia.
Según ha indicado la coalición de izquierdas, la iniciativa, que está previsto se expanda por la provincia, aboga por hacer efectivo que el agua "es un derecho". "Debido a esta crisis hay muchas familias sin recursos que se ven en la tesitura de tener que elegir entre pagar hipoteca, luz y agua o dar de comer a los hijos debido a los escasos recursos con que cuentan. Hemos detectado que esto se está dando en nuestra comarca de manera drástica", ha señalado una de las portavoces de la asamblea de IU en la comarca, María Isabel Amate.
Ha trasladado que uno de los municipios más afectado es Huércal de Almería, donde en las últimas semanas "la empresa del agua junto con las fuerzas de seguridad han cortado el suministro a muchos hogares". "La solución no puede ser que cojan el agua de las fuentes y se duchen en el pabellón", ha asegurado.
En concreto, la propuesta pasa por un acuerdo de colaboración entre la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax, ya que es el órgano competente en dicha materia, y la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua Aqualia para crear un Fondo Social destinado al pago temporal del coste del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua para las familias que acrediten la situación de emergencia.
CON VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES
IU ha precisado que se trata de una medida que deben estudiar los Servicios Sociales y que, "en ningún caso se subvencionaría el desperdicio de agua, sino necesidades reales, para primeras viviendas y para personas que cumplan determinados requisitos en cuanto a renta y necesidades. No sería como en Benahadux, que se están dando 100 euros en ayudas para rehabilitar viviendas a cualquier persona, aunque se lo puedan permitir", ha argumentado Amate.
Los beneficiarios de dicho fondo social deben de ser familias con valoración desde el Servicio Provincial de Asuntos Sociales y las cuales tengan necesidades relacionadas con la falta de cobertura de las necesidades básicas. Este fondo cubriría el pago de los recibos de agua y alcantarillado, los cuales se encontrasen dentro del consumo doméstico de agua medio por habitante. Y de acuerdo con las recomendaciones internacionales, debe asegurarse la disponibilidad de la cantidad básica necesaria de agua en función del tamaño de la unidad familiar, favoreciendo así un uso racional de este recurso.
Las ayudas se concederán a los titulares del contrato con el servicio de abastecimiento de agua, Aqualia y debe de ser del consumo de la vivienda habitual y residencial. Asimismo, estaría conformado por recursos económicos aportados por ambas partes. La empresa detraería de su beneficio anual mostrando así su solidaridad con la situación de sus usuarios y la Mancomunidad podría incluirlo en su canon anual y negociar el pago de este incremento a lo largo de un periodo de entre cinco y diez años.
