La jueza que investiga la presunta malversación de 300.000 euros de una cuenta de la Junta de Andalucía en Almería ha levantado la imputación a la exdelegada de Medio Ambiente Sonia Rodríguez y a tres funcionarios aunque ha resuelto que el proceso penal debe continuar contra el también exdelegado Clemente García y el funcionario Miguel G.L.
El auto del Juzgado de Instrucción 1 de Almería, al que ha tenido acceso Europa Press, se aviene al informe del fiscal, quien pidió el sobreseimiento de la causa para Rodríguez, el exsecretario general de la delegación Augusto Ignacio S.T., así como para María del Mar G.T. y Francisco Javier T.C.
La magistrada Alejandra Dodero concluye que, de las diligencias practicadas, no se desprende la participación de los cuatro en las irregularidades detectadas en la cuenta de aprovechamientos forestales y denunciadas por la Junta el 1 de febrero de 2013, y decreta el archivo de la causa contra ellos.
El Juzgado ha dictado, asimismo, una providencia de la misma fecha, 7 de abril, en la que ordena la práctica de nuevas diligencias encaminadas a determinar la responsabilidad penal de los dos imputados por presunta malversación de caudales públicos.
Así, acuerda que se libre oficio a la Policía Nacional para que realice una "investigación patrimonial" referente al funcionario Miguel G.L. y al exdelegado Clemente García, quien deberá comparecer en sede judicial para prestar una segunda declaración tras la que tuvo lugar en abril de 2013.
La providencia requiere también a la Junta para que informe de si existe "alguna previsión que faculte a un delegado provincial a autorizar gastos de publicidad, sobre el procedimiento, en su caso, para que se acuerde tal publicidad, con quien contratarla, documentación exigible, aprobación y acreditación del gasto, y cuenta a cargo de la cual haya de efectuarse este".
Cabe recordar que en las disposiciones presuntamente irregulares por un montante global de 300.000 euros que se investigan en la citada cuenta bancaria "finalista para aprovechamientos forestales" figura una de 40.000 euros que, según declaró uno de los imputados, tuvo como destino "el pago de inserción de publicidad en un medio local".
Entre las diligencias que ordena figura también la citación a declarar en calidad de testigo de la funcionaria de la Junta de Andalucía que realizó el informe interno que dio lugar a la denuncia en vía judicial y del representante de la entidad financiera donde está abierta esta cuenta bancaria para que aclare aspectos, como "responsable civil subsidiario", de una "segunda" remesa de cheques cobrados por una persona no autorizada en esa cuenta.
Sobre lo que no se pronuncia aún la magistrada Alejandra Dodero es sobre la transformación de las diligencias previas en procedimiento con tribunal de jurado aunque "se tiene por informada" tras consultar a las partes para decidir en el "momento procesal oportuno" a la conclusión de la instrucción.
La denuncia que interpuso la Junta de Andalucía recogía que con Clemente García se produjeron movimientos por valor de 180.000 euros mientras que con su sucesora en el cargo, Sonia Rodríguez, a la que ahora se ha levantado la imputación al no estimar responsabilidad, los movimientos alcanzaron unos 100.000 euros.
Con el actual delegado, José Manuel Ortiz Bono, quien figura en la causa como perjudicado, la cantidad ascendería a unos 40.000 euros.
Según lo que ha trascendido de la instrucción, de la cuenta investigada, sin fiscalizar y en la que se ingresaba el canon forestal que se cobra a cazadores, madereros y particulares, se retiraron "paulatinamente" cheques por diversas cuantías. Un 85 por ciento de esta tasa revertía en los ayuntamientos mientras que el 15 por ciento iba a parar a las arcas de la administración autonómica.
La mayor parte de las disposiciones se habrían efectuado por cantidades inferiores a 3.000 euros para "burlar el control de la Agencia Tributaria" y muchas de extracciones habrían tenido lugar "el mismo día" y "a intervalos de escasos minutos" sin que, al parecer, en los cheques depositados "se hiciera constar en el reverso la identidad o el DNI del individuo que disponía de dicha suma económica".
TRIBUNAL DE CUENTAS
De manera paralela a la vía penal, el Tribunal de Cuentas mantiene abiertas actuaciones previas para dirimir una posible responsabilidad contable por desvío de dinero público. El procedimiento está aún en fase preliminar por lo que no se ha citado a declarar a ningún implicado aunque desde el órgano fiscalizador sí se ha remitido oficio al Juzgado número 1 de Almería para recabar datos sobre lo instruido hasta el momento y la filiación de algunos de los imputados.
Las actuaciones previas se abrieron después de que la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta andaluza pusiese en su conocimiento las irregularidades detectadas en un cuenta sin fiscalizar en la que se ingresa el canon forestal.
Fue la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente la que puso en conocimiento del interventor de la Junta de Andalucía y la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y esta Consejería trasladó a su vez las presuntas irregularidades a este órgano.
