La Fiscalía va a solicitar penas individuales de dos años de inhabilitación especial para el director comercial y la supervisora de gestión del hotel de El Toyo, en Almería, que, en mayo de 2013, negó presuntamente el alojamiento a un grupo de jóvenes con síndrome de Down, así como para la trabajadora de una plataforma de contratación de servicios turísticos y de ocio que, al parecer, redactó el email en el que se comunicaba la decisión.

   El Ministerio Público considera que los tres actuaron "de común acuerdo" y que incurrieron en un supuesto delito contra los derechos constitucionales ya que les negaron la posibilidad de reservar plaza en el citado establecimiento por "motivo de su minusvalía" y, además, según remarca en su escrito consultado por Europa Press, "dando como razón el de no admitir a grupos de discapacitados psíquicos".

   Según relata, el director comercial de la central de reservas del hotel Cabo de Gata Plaza Suites, Germán G.Q., la supervisora de gestión, Olivia G.R., y la trabajadora de la empresa Welcome Incoming Services, Vanessa T.S., entre el 1 de mayo y el 7 de mayo de 2013 "denegaron a la asociación almeriense para el Síndrome de Down (Asalsido) la posibilidad de hacer una reserva en el establecimiento", ubicado en la Avenida Juegos de Argel, en la urbanización de El Toyo.

 Subraya para pedir la apertura de juicio oral contra los tres imputados que lo hicieron "dando como razón la de no admitir a grupos de discapacitados psíquicos, negando así --ahonda-- la posibilidad de reservar por motivo de su minusvalía" e interesa inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la industria y el comercio por un periodo de 24 meses.

   El Juzgado de Instrucción 4 de Almería, que dictó procedimiento abreviado contra los tres, abrió diligencias penales después de que la Asociación Almeriense para Personas con Síndrome de Down (Asalsido) pusiese en conocimiento de la Fiscalía lo sucedido y, tras una investigación, esta elevase denuncia al estimar que lo relatado podía ser constitutivo de delito tipificado en el artículo 512 del Código Penal

UN "MALENTENDIDO", SEGÚN EL ESTABLECIMIENTO

   Según la denuncia que interpuso Asalsido, una trabajadora del centro educativo concertado Down Almería, que depende de esta asociación, solicitó a una agencia de viajes que pidiera presupuesto de alojamiento a tres hoteles cercanos a la ciudad para organizar el viaje de fin de curso.

   El hotel investigado habría contestado presuntamente que no podía facilitar un presupuesto para alojar a los jóvenes y habría argumentado que no "admitía grupos de personas con discapacidad psíquica", un extremo que fue rechazado por la dirección del establecimiento que, al hacerse público el caso, pidió "disculpas" y afirmó que se trató de "un malentendido".

   Asalsido sostuvo por contra que contactó con la dirección del hotel para pedir explicaciones y que ésta "se reafirmó en su postura, añadiendo que este tipo de personas podrían molestar al resto de los clientes del hotel", lo que "ya les había ocurrido en otra ocasión".

   El caso también dio lugar a que la defensora del pueblo, Soledad Becerril, abriese de oficio una investigación para conocer las actuaciones realizadas por la Junta de Andalucía y depurar una eventual infracción en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Para ello, pidió información a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales a fin de determinar el alcance de las potestades de inspección y sanción desplegadas.

   Por su parte, la administración autonómica, a través de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social, mantiene en suspenso hasta resolución del procedimiento por vía penal un expediente sancionador al hotel por un supuesto incumplimiento de la Ley 5/2003 del 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

   A este expediente, se sumarían otros dos iniciados también por la Delegación Territorial de Turismo y Comercio y por la Dirección General de Consumo para investigar las instalaciones del establecimiento, perteneciente a la cadena ZT Hotels.