El Juzgado de Instrucción 3 de Huércal-Overa ha abierto diligencias previas para investigar el contrato por importe de 62.920 euros que se firmó en 2015 en Cantoria (Almería) para la actuación de cuatro orquestas en las fiestas del municipio y que luego tuvo que ser anulado por irregularidades, lo que provocó que el Ayuntamiento tuviera que pagar daños y perjuicios a la promotora de eventos.
La juez ha citado a declarar en calidad de investigada a la que fue teniente de alcalde, Carmen Gambeta, a raíz de la denuncia interpuesta por el actual equipo de gobierno socialista por si en su gestión en este caso hubiese incurrido en presuntos delitos de fraude, de malversación y de prevaricación.
En una providencia, se fija para el 10 de mayo a las 09,30 horas la comparecencia en sede judicial de Gambeta, quien fue condenada en firme en junio de 2017 a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación. También llama a declarar, pero en este caso en calidad de testigo, al secretario municipal que emitió el informe desfavorable a la aprobación del contrato que había firmado previamente la ex teniente de alcalde.
La denuncia, presentada en febrero y consultada por Europa Press, detalla que la exconcejal, bajo mandato del PP en la localidad, firmó en enero de 2015 un contrato por importe de 62.920 euros con una promotora para la actuación de cuatro orquestas en el municipio entre los días 6 y 9 de agosto.
En mayo de ese año, el contrato fue propuesto para su aprobación en junta de gobierno local aunque finalmente no pudo serlo porque se realizó y firmó por Gambeta presuntamente "sin expediente de contratación alguno, ni informes técnicos previos, ni aprobación del secretario ni de la intervención, quienes indicaron su reparo".
La denuncia, que adjunta el informe realizado por el secretario municipal, apunta que, en concreto, el reparo venía motivado porque "no se trataba bajo ningún concepto de prerrogativa de ley de un un contrato menor, por lo que hubiera resultado de todo punto indispensable la realización de un proceso de contratación conforme a ley".
"Sin embargo, fue firmado por la denunciada sin previa consulta a los servicios técnicos ni jurídicos", añade para precisar que el citado contrato "fue anulado conforme al informe del Área de Asistencia a Municipios que señalaba que se había celebrado, firmado y aprobado sin procedimiento alguno de selección del contratista, ni pública concurrencia".
Por último, la denuncia elevada al Juzgado de Instrucción 3 de Huércal-Overa indica que, debido a la resolución del contrato por nulidad, el promotor pidió daños y perjuicios. Un juzgado de lo contencioso-administrativo le dio la razón y condenó al ayuntamiento recientemente al pago de 6.552,40 euros, más intereses y costas.
