La fiscal pide para Quezada prisión permanente revisable por el delito de asesinato y 10 años más por lesiones psíquicas a los padres del menor
La fiscal Elena María Fernández ha mantenido este martes su petición de prisión permanente revisable por el delito de asesinato para Ana Julia Quezada, la única acusada por la muerte de Gabriel Cruz, y ha asegurado que acabó con la vida del niño de 8 años porque era un "obstáculo" para sus planes personales.
La fiscal pide para Quezada prisión permanente revisable por el delito de asesinato y 10 años más por lesiones psíquicas a los padres del menor.
"Ha quedado acreditado el desapego afectivo que tenía Quezada con Gabriel, lo tenía ya con su propia hija Judith. Ha quedada acreditada una inquina y una aversión injusta totalmente hacia este niño que lleva a una intencionalidad perversa y consolidada en el tiempo", ha dicho la fiscal durante la exposición de sus conclusiones definitivas en la séptima sesión del juicio.
El ministerio público ha mantenido que Gabriel "representaba un obstáculo" para la acusada, que asesinó al niño "primero para eliminar el vínculo afectivo entre el padre y el hijo, que incomodaba a sus planes de relación personal", y sobre todo para "eliminar ese vínculo afectivo tan intenso que existía entre los padres, cuya prioridad era el interés de este niño, con dedicación y atención".
Ha añadido que existía una "inquina y aversión" hacia Patricia Ramírez, la madre del menor, y que acabó con la vida del pequeño el 27 de marzo de 2018 cuando "se alinearon los astros" para ello, pero que podría haberlo hecho en cualquier momento.
El escrito de calificación, al que ha tenido acceso Efe, señala que sobre las 15.30 horas de ese día el niño le dijo a su abuela, en cuya casa de Las Hortichuelas Bajas de Níjar (Almería) se encontraba, que iba a jugar con sus primos, y que Quezada estaba "pendiente de sus movimientos".
Según la fiscal, Ana Julia Quezada abordó al niño en el camino que iba del domicilio de su abuela a la de sus primos y le pidió que la acompañase para ayudarla porque iba a pintar en una finca del padre de Gabriel en Rodalquilar, un lugar aislado a varios kilómetros.
El niño accedió a la petición ante la "confianza" que tenía en ella al estar "íntimamente vinculada a su entorno familiar desde el inicio de la relación sentimental con su padre".
Una vez en la finca le causó la muerte al menor y después lo desnudó y enterró junto a una alberca en el exterior de la finca, que cubrió con tierra y piedras; a continuación guardó las ropas y se las llevó a casa de la abuela del niño, a donde acudió tras ser alertada por Ángel Cruz de la desaparición de Gabriel, esperando el momento oportuno para deshacerse del cadáver, según la Fiscalía.
El 3 de marzo, la acusada propició el hallazgo de una camiseta del niño en un lugar que había frecuentado con una expareja suya para despistar a la Guardia Civil y dirigir las sospechas sobre este hombre y el 11 de marzo desenterró el cuerpo y lo metió en su coche para buscar un invernadero donde ocultarlo, hasta que fue detenida cuando intentaba acceder al garaje de su domicilio en Vícar (Almería), siempre según la versión del Ministerio Público.