La Fiscalía de Almería solicita ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exvicepresidente socialista de la Diputación Provincial Luis Pérez Montoya, a quien acusa de adjudicar "a dedo" y de "forma verbal" contratos supuestamente menores a un grupo empresarial por valor de más de 1,2 millones de euros entre 2007 y 2010.
El Ministerio Público remarca que el "importe total de los servicios encargados y prestados" fue "muy superior" a los 18.000 euros que establecía entonces la ley vigente de contratos públicos, por lo que Pérez Montoya habría omitido "deliberadamente y de forma continuada" su obligación de incoar expediente e iniciar los trámites legales "conforme a la ley".
El exvicepresidente de la Diputación de Almería en el mandato 2007-2011 se encuentra actualmente cumpliendo la pena de siete años y diez meses de cárcel a la que fue condenado por el desfalco a las arcas públicas enjuiciado en el marco del caso 'Facturas'.
Ingresó en el centro penitenciario de El Acebuche el 2 de septiembre de 2020 después de que se considerara probado en firme que, bajo su gestión, se detrajeron más de 706.000 euros de dinero público de la institución.
El escrito de calificación provisional del fiscal en esta nueva causa penal, consultado por Europa Press, recoge que, durante su mandato "y con desatención absoluta de la legalidad vigente", Pérez Montoya realizó presuntamente "reiterados encargos de forma verbal" a un grupo empresarial "hasta que finalmente formalizó mediante contrato en julio de 2010, en procedimiento negociado sin publicidad, los servicios que iba a prestar".
Subraya que, hasta que se formalizó dicho contrato, su conducta "fue completamente apartada de la norma, adjudicando a dedo y de forma verbal los sucesos encargos" pese a que "sabía" que esos contratos menores no pueden superar los 18.000 euros.
El Ministerio Público añade para apuntalar el presunto delito continuado de prevaricación por omisión que le imputa que habría encargado "directa y verbalmente sin órdenes de trabajo, ni acto administrativo expreso que los amparara, ni, por lo tanto --destaca-- dotación presupuestaria que asumiera el coste".
En el escrito elevado al Juzgado de Instrucción 2 de Almería, el fiscal concluye que, con esta supuesta adjudicación de los servicios "al margen de la legalidad", Pérez Montoya "se aseguró el triunfo de su voluntad personal frente a la norma que defiende los intereses colectivos".
"Impido la concurrencia de ofertas administrativas de otros grupos empresariales que podrían haber abaratado el coste total del servicio para la Diputación Provincial de Almería", finaliza.
La Fiscalía solicita la pena de ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público, pero concreta para "cualquier cargo de naturaleza electiva en la Diputación Provincial o cualquier otro órgano de ámbito nacional, provincial o local que implique la participación en labores de gobierno".
