Más País lleva al Congreso la "neoesclavitud" en el campo de Andalucía

La coordinadora general de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, ha anunciado que su formación ha presentado en el Congreso una pregunta en la que reclama al Gobierno medidas contra la situación de "neoesclavitud" que sufren en el campo andaluz los trabajadores extranjeros.

Gómez ha explicado que el grupo parlamentario de Más País emplazará al Gobierno a concretar el montante que destinará dentro de los Presupuestos Generales del Estado al refuerzo en Inspección de Trabajo en el ámbito rural, con el fin de controlar y detener estas prácticas "abusivas por parte de grupos organizados y contra personas en situaciones de extrema vulnerabilidad”.

“Es urgente redoblar inspecciones de trabajo y recursos humanos y materiales destinados a estas labores en el mundo rural porque la realidad demuestra que está plagado de casos de explotación y condiciones de semiesclavitud de miles de personas”, ha denunciado Gómez.

Ha recordado que el pasado 6 de octubre la Policía Nacional detuvo a cinco integrantes de una familia por, presuntamente, abusar laboralmente de 32 ciudadanos extranjeros en la localidad sevillana de Carmona, además de obligarles a vivir hacinados en pisos de tres habitaciones, donde convivían 13 personas.

Por ello, bajo el rechazo a esta forma de "neoesclativud", Más País ha interpela sobre si la Inspección de Trabajo cuenta con efectivos suficientes para combatir y prevenir situaciones como las que sufren los ciudadanos que llegan a España en busca de un futuro.

La formación advierte que desde el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) se está denunciando la falta de recursos que "fuerzan, cada vez a más gente, a aceptar estas condiciones laborales", así como que se alerta de que los delitos de explotación sexual y laboral aumentarán hasta un 200 % a finales de año respecto a 2019.

El pasado jueves agentes de la Policía Nacional volvieron a desarticular una organización dedicada a la explotación laboral de inmigrantes en la provincia de Sevilla, en concreto en Écija, donde han sido detenidas cuatro personas que se dedicaban a captar y controlar a personas en situaciones desfavorecidas para su explotación en labores agrícolas.