Fue Weber quien atribuyó al Estado “el monopolio del uso legítimo de la violencia”. Para sí o para quien se delegara su empleo legalmente. Las fuerzas armadas y las fuerzas del orden son en las que el Estado delega su uso reglamentariamente. “Acuerdos, sin la espada, -escribió Hobbes- son sólo palabras”.
La gente quiere que sus fuerzas de seguridad sean profesionales. Que sirvan a cualquier régimen político, que acaten el ordenamiento constitucional. Que estén bien pagadas, que respeten la disciplina y que tengan unos mandos eficaces. Pero que policías tiren bombas de humo en la puerta del Congreso de los Diputados -se ha hecho reiteradamente- suena fatal. Un espectáculo muy poco edificante. No son obreros del metal, son fuerzas del orden. Uno que portaba la cartela clave “Congreso Dimisión” explica el tenor de la manifestación. O sea, sin titubeos, disolución de la soberanía nacional. Hace años se pedía lo contrario: La disolución de cuerpos represivos de la dictadura.
El PP aprobó en 2015 la Ley de Seguridad Ciudadana, “Ley Mordaza”. No gustó en el Consejo de Europa. Funcionaba entonces una extrañísima “policía política” al servicio del PP para el seguimiento de Bárcenas y ocultar las pruebas, ya en los tribunales, de la corrupción. Que se sepa, no se organizaron manifestaciones. Ahora han sido avaladas por Vox, Ciudadanos y PP. No fue la foto de Colón, iban peleados. Todos sus dirigentes jugaron al ratón y al gato, Casado no quería ver a Ayuso, ni Abascal a Arrimadas. Ayuso abrió la puerta de la antigua Dirección General de Seguridad para salir, no detenida, que es como salían de allí los que aún seguían vivos. “España insegura”, llaman al país de los más seguros de Europa y con los índices de criminalidad más bajos.
Cuando sucedieron los acontecimientos de Barcelona fueron alojados en los camarotes de los impresentables “piolines” y en el juicio del “procès” ningún dirigente asumió su responsabilidad por las escandalosas imágenes que dieron la vuelta al mundo.
¿En qué tienen razón policías y guardias civiles? Deben ser escuchados, tienen el derecho a dar su opinión razonada. También sus demandas pueden ser atendidas si están en consonancia con las recomendaciones del Consejo de Europa y las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional. La identificación policial, sin embargo, con una parte del espectro político -las derechas- es absolutamente descorazonadora
