La Agencia de Técnicos en Investigación Aeroterráquea, más conocida por las siglas T.I.A., creada por el genio de Francisco Ibañez, tiene como principales activos a Mortadelo y Filemón. Parece que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) puso al frente del programa Pegasus a estos dos investigadores, dado que han sido descubiertos todos los  presuntos rastreos realizados. Lo más estimado por el poder, que es el secreto, tiene la  carga de la imposibilidad de mantener la ocultación. Le pasa a todos los gobiernos.

Los casos más famosos son los del gobierno americano. Julian Assange y Bradley Manning fueron protagonistas de la mayor filtración de la historia. Todavía colea el Wikileaks, que dejó al descubierto  miles de documentos sobre las relaciones internacionales de EEUU. Edward Snowden  fue otro filtrador -huido a Rusia- que reveló que las agencias norteamericanas  NSA y  FBI recababan datos directamente de los servidores de  Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube y  Apple. Millones de llamadas  de todos los países del mundo eran escuchadas  indiscriminadamente por esas agencias. En España el buque insignia de todas las escuchas es el comisario Villarejo, que grababa hasta  su propia sombra.

El filósofo italiano Norberto Bobbio dejó escrito que “en un régimen democrático es absolutamente inadmisible la existencia de un poder invisible que actúa en paralelo respecto al Estado”. La realidad -en todas partes- es muy otra. En los regímenes dictatoriales se espía y, si fuere necesario,  se eliminan  sin miramiento a los adversarios políticos;  en los democráticos se escuchan y se siguen los movimientos de los enemigos del Estado. Está reglamentado que la autoridad judicial debe autorizarlo. Pero   es casi inevitable que haya  escapes, filtraciones, conspiradores y vendedores de secretos que se aprovechan de las informaciones secretas para beneficio partidario, para chantajear o para bastardo beneficio económico.

El gobierno español debe dar todo tipo de explicaciones para dejar claro que todo se ha hecho legalmente -si fuere el caso-. Lo contrario abriría una crisis de efectos todavía incalculables, pero siempre muy graves para la continuidad de la legislatura.  La otra coordenada es no hacer caso, a pies puntillas, de cualquier informe de investigación, no contrastado, y con claros intereses de los independentistas detrás,  en una pugna interna perpetua, que está en  el trasfondo del informe de marras.  ¡Cuidado! ¡No abran los SMS  o WhatsApps desconocidos!