La evaluación de los avances y retrocesos sociales depende de la mentalidad de cada cual. De hecho muchas fuerzas políticas se han opuesto al divorcio, a la interrupción voluntaria del embarazo o al matrimonio homosexual. Los que votaban a favor entendían que era progreso, los se oponían que era un retroceso.  De lo   que no cabe duda es de que, cuando se trata de derechos  que se reconocen  a los ciudadanos,  son para que se ejerzan voluntariamente por los que entienden que lo precisan. Nadie está obligado a casarse o divorciarse, a abortar o a encontrar una pareja de su mismo sexo. Pero los que se oponen a la conquista de esos derechos -o los que pretenden revertirlos- lo hacen en consideración a unos principios que tratan de imponerlos forzosamente al conjunto de la sociedad. 

La revista norteamericana Político ha publicado las  98 páginas del borrador de la sentencia que prepara el Tribunal Supremo norteamericano sobre el aborto. El estruendo que se ha formado ha sido fenomenal porque es la primera vez que se produce una filtración del tribunal. En 1973 una sentencia del Tribunal Supremo aprobó el derecho a la interrupción del embarazo que las legislaciones de una veintena de Estados han tratado de limitar con múltiples jugarretas legales poniendo  todas las trabas posibles a las mujeres que quieren ejercer ese derecho. Si la sentencia se confirma, que es lo previsible, la ley dará una marcha atrás de 50 años. La lucha de las mujeres y de las asociaciones civiles tendrán que empezar una nueva campaña para conseguir  esos derechos, lo habitual, por lo demás,  en los EEUU. Sólo la consecución de una mayoría demócrata en las elecciones de noviembre podrá adoptar una nueva legislación.

No hay derechos perpetuos. Se consiguen y se pierden. Los españoles tenemos historia como para conocer el asunto a la perfección.  Es la correlación de fuerzas políticas en los parlamentos y en los tribunales de garantías constitucionales la que hace posible que se mantengan los   derechos  o que se logren nuevos  para la población. Lo que está a punto de suceder en América puede pasar perfectamente  en nuestro país, porque hay fuerzas que están ya en esa dirección y la sociedad no está dispuesta a verlo. El Tribunal Constitucional tiene un recurso  del PP contra la ley del aborto  pendiente desde 2010.