Sube a un centenar el número de denunciantes por presunta estafa de Restalia

El número de franquiciados del grupo Restalia que ha denunciado o ha iniciado los trámites para denunciar a la compañía por estafa y otros delitos que les llevaron a la quiebra asciende a cerca de un centenar, según han explicado en una rueda de prensa en la que han detallado los abusos y coacciones que sufrieron.

Representantes de los despachos Cremades & Calvo-Sotelo y Rafael Franco Abogados han informado este jueves, junto a tres afectados, sobre la denuncia que han interpuesto conjuntamente contra el grupo Restalia por delitos como estafa, organización criminal, coacciones, delitos informáticos y delitos contra los consumidores.

A raíz de esta denuncia, a la que se van sumando afectados, el Juzgado de Instrucción 52 de Madrid incoó unas diligencias previas, y ahora el magistrado Jesús de Jesús ha ordenado el peritaje de toda la documentación, para luego decidir si sigue adelante con el proceso, han detallado a Efe fuentes jurídicas.

Cabe la posibilidad de que, ya sea a petición de las partes o del magistrado, la causa se derive a la Audiencia Nacional, debido a que hay afectados de toda España, se apunta el delito de organización criminal y por el montante de lo supuestamente estafado, que asciende a unos veinte millones de euros solo con los primeros treinta denunciantes. Se calcula que cada afectado perdió entre 300.000 y 600.000 euros.

La denuncia se interpuso contra el dueño del Grupo Restalia, José María Fernández Capitán, la propia sociedad y varias de sus filiales como 100 Montaditos, La Sureña y The Good Burger (TGB), así como a una veintena de responsables del grupo.

Desde su presentación en agosto de 2021 hasta ahora se han sumado o han anunciado que lo harán próximamente casi un centenar de afectados, según han detallado los letrados de ambos despachos, que han subrayado que Restalia tiene unos seiscientos, de manera que se trata de "un patrón que se repite".

Los abogados Rafael Franco y José Luis González han detallado que no se cuestiona el sistema de las franquicias, ni el principio de presunción de inocencia de los investigados, pero han dejado claro "el desgarrador y sangrante relato" de los perjudicados, que se vieron abobados a la ruina y se enfrentaron a "la crónica de una muerte anunciada", en palabras de Franco.

Estas situaciones han sido detalladas por tres franquiciados que han relatado cómo primero les animaban a serlo porque tendrían beneficios asegurados en poco tiempo, pero luego les obligaban a comprar solo los productos que Restalia ordenaba, a un precio tasado, a acatar sus continuas promociones y, una vez que se quejaban, les dejaban claro que era el grupo el que decidía, amenazándoles, según su relato.

Julián García, que abrió un TGB en 2019, ha explicado que en dos meses sospechó del sistema porque perdía dinero, y sufrió desamparo, porque nunca le ayudaron y "todas las propuestas que hacía para reconducir el local recibían negativas", hasta que no podía pagar y le amenazaron con cortar el suministro informático.

"Les dije: estoy arruinado, ¿qué más quieres, que no pague a los trabajadores?, y me dijeron que los trabajadores no te van a cortar el suministro, pero Restalia sí".

Ha añadido que le mandaban carne baja en grasa, en lugar de la que él pedía, y unos lotes de carnes caducados, que él no ofreció a sus clientes, y que Restalia nunca llegó a recoger.

Por su parte José Antonio Lombardía, que regentaba un Panther, ha criticado la "improvisación" de Restalia al ordenarle cambiar aspectos como la carta, mientras Enrique Cebeira, que tuvo un TGB y un 100 Montaditos, ha detallado cómo le amenazaron cuando era el secretario de la asociación de franquiciados de Restalia, obligándole a dejar ese cargo y vender los dos locales.