Mercasevilla tenía un pasivo de 11,5 millones por falsedades en las cuentas

La auditoría hecha por Deloitte sobre las cuentas de Mercasevilla, entregada ayer en el juzgado que investiga presuntas irregularidades en la empresa, revela que tiene un pasivo de al menos 11,5 millones, incluyendo los 9 comprometidos para pagar las prejubilaciones, y que sus ex gestores "falsearon" las cuentas.

El consejero apoderado de Mercasevilla y concejal del PSOE, Alfonso Mir, dijo a los periodistas que "el problema más grave" son esos 9 millones del ERE de 2007, que afecta a 40 prejubilados, pues si la Junta no los aporta la empresa estaría "en situación de quiebra", de ahí que harán gestiones para que la Administración autonómica los asuma y dejar así el pasivo en 2,5 millones.

Así lo acordó el consejo de administración de Mercasevilla -participada por el Ayuntamiento y el ente estatal Mercasa- en una sesión de más de tres horas donde tomó conocimiento de la auditoría, encargada tras las dos causas judiciales abiertas por el presunto intento de cobro de comisiones ilegales por sus ex gestores Fernando Mellet y Daniel Ponce a empresarios, y la supuesta adjudicación "fraudulenta" de sus terrenos al grupo Sando.

El informe de Deloitte, que refleja el estado patrimonial y económico-financiero de la compañía a 30 de abril de 2009, revela además que las cuentas "reales" de 2008 arrojaron unas pérdidas de 1.539.000 euros, cuando los anteriores directivos (Mellet y Ponce) repartieron dividendos por beneficios de 258.000 euros, según Mir.

También constata que de enero a abril de 2009 ha habido 280.000 euros de pérdidas y, si ha seguido el mismo, el total de pérdidas de ese año se elevaría a 1 millón, ha precisado el edil socialista, que ha indicado que, sin contar los 9 millones del ERE que "confían" que asuma la Junta, el pasivo de la empresa quedaría en 2,5 millones.

Sin embargo, el edil del PP y consejero en Mercasevilla, Beltrán Pérez, dijo a los periodistas que la auditora cifra el acumulado de pérdidas en 4.962.000 euros, al incluirse "contingencias de los últimos meses" como el coste de 1,2 millones de la liquidación de su fundación decidida por la empresa tras ser imputados Mellet y Ponce.

"La empresa roza la quiebra técnica", según Pérez, para quien si finalmente se le unen los 9 millones del ERE a este pasivo, estaría "condenada a una quiebra fulminante y evidente".

Así, el concejal popular garantizó que en cuanto al futuro y en "todo lo que sea salvar" la empresa el PP estará "al lado del Gobierno" y que "hay que presionar" a la Junta para que aporte ese dinero, además de que ofrecerán "soluciones de crisis y propuestas", pero sin dar "cheques en blanco" a los "responsables de la actual situación de Mercasevilla", ni aceptando "pactos de silencio".

Por su lado, Mir insistió sobre el ERE en que harán todas las gestiones para que la Junta asuma ese compromiso, pues en el acuerdo de las pólizas figura que "la Junta lo pagaría, pero es verdad que no se ha hallado un documento con su firma", lo que "puede ser fruto de otro engaño más" de los anteriores gestores de la compañía.

"En dos meses tiene que estar la solución, la que sea", dijo, y añadió que si no se lograra esa aportación de la Junta "habrá que ir a una ampliación de capital o a un préstamo participativo entre el Ayuntamiento y Mercasa", pero descartó "la quiebra o la liquidación de la compañía, que mantendrá su carácter público".

Mir mostró el "asombro e indignación" del consejo y afirmó que han "sido engañados, pero todos los grupos políticos, por los antiguos gestores y la anterior auditora, Price Waterhouse", por las cuentas que presentaban "con la bondad" de dicha consultora, por lo que acordaron "tomar medidas legales" contra todos ellos cuando se formulen las cuentas a fecha de 31 de diciembre de 2009.

En este sentido, el edil popular recalcó que la auditoría demuestra los delitos societarios que ya denunció su grupo con el avance del informe y que el PP presentará una querella por éstos cuando analice todos los datos, que "es la que debería haber puesto el Ayuntamiento", pero el Gobierno lo rechazó dos veces en el pleno.

Según Pérez, la auditoría constata que se registraban como ingresos lo que debía anotarse en el pasivo por la "ingeniería financiera" de Mellet para "falsear las cuentas y la realidad" de la compañía, y criticó el "numerito", a su juicio, de la portavoz del Gobierno, Maribel Montaño, al entregar ayer la auditoría en el juzgado sin ser concejal electa ni consejera de Mercasevilla.