Esta semana hemos asistido a un nuevo capítulo dentro de la historia de desencuentros que tiene como protagonistas al alcalde de Puente Genil y a algunos representantes institucionales de la Junta de Andalucía. En este ocasión, las divergencias se veían venir, y es que Manuel Baena ya avisó a finales del pasado verano que la Orden de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio por la que se creaban los registros públicos municipales de demandantes de viviendas protegidas “supondría la asunción de una nueva competencia por parte de los ayuntamientos que no iba a estar dotada de la suficiente financiación”.
En estos meses, el proceso se ha enquistado. El alcalde dijo en diciembre que acataría la Orden “por imperativo legal”, algo que no gustó demasiado entre las filas del PSOE, y finalmente, el pasado lunes, la Corporación Municipal, con los votos en contra de los socialistas, aprobó la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la Junta en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), algo que ha convertido a Puente Genil en una de las primeras localidades de la Comunidad Autónoma que lleva este asunto a los tribunales.
Echando la vista atrás, se puede decir que este no ha sido el primer pulso que Manuel Baena echa a la Junta... y hay razones para pensar que no va a ser el último. Así, a bote pronto, recordamos la polémica con la ex-delegada provincial de Agricultura (hoy de Obras Públicas y Transportes), Mar Giménez, por la adquisición de los terrenos del Garrotalillo; con el ex-consejero de Salud, Francisco Vallejo, por la lentitud en el proceso de construcción del hospital; con la actual delegada provincial de Salud, María Isabel Baena, por la marcha de la base del 061; con el ex-consejero de Agricultura y Pesca, Isaías Pérez Saldaña, por la no concesión de la sede del Parque Tecnológico Agroalimentario(que se fue para la vecina Aguilar de la Frontera); con el mismo delegado de Vivienda, Francisco García, por la política de la Junta en el asunto de la regularización de viviendas en Juan Rejano y en la calle Bailén; y así, podríamos seguir con un largo etcétera, etcétera...
Desde luego, no vamos a descubrir nada nuevo si decimos que durante esta década la postura de los dirigentes locales de IU ha sido la de mantener una política firme de reivindicación de servicios que en muchos casos ha derivado en una confrontación directa y personal con los representantes de la Administración autonómica. Por ello, intuimos que el episodio vivido esta semana, llevando una Orden de la Junta a los tribunales, no ha sido más que el penúltimo capítulo de esta genuina y particular historia de enredos políticos que, ciertamente, no sabemos muy bien cómo va a terminar.