Los abogados personados en el caso Marta del Castillo afirmaron ayer que la persona que dé pistas fiables sobre el paradero del cadáver, y por lo tanto reclame la recompensa de un millón de euros, podría ser acusada de encubrir el crimen, lo que conlleva una condena de entre seis meses y tres años.

Algunos letrados sugirieron incluso a los periodistas que el contrato de la recompensa podría ser declarado ilegal y ser anulado, al constituir un pago para un presunto delito de encubrimiento.

Otros abogados destacaron a Efe que el posible encubrimiento debe ser analizado según el contexto en que se produzca la revelación, pues el impacto del caso Marta del Castillo ha ocasionado una gran colaboración ciudadana de personas que, incluso meses después del crimen, acudieron a la Policía con algún dato que consideraban relevante, aunque luego no diera frutos.

Todos los abogados coincidieron, en cambio, en que esa posible colaboración sería ahora, más de un año después del crimen de Marta, "inmoral", pues solo así entienden que ese posible testigo "no haya dicho nada hasta ahora y, tras la recompensa, lo haga por dinero".

El teléfono habilitado para recoger pistas que conduzcan al cadáver de la joven sevillana, lo que se recompensará con un millón de euros aportados por un ciudadano anónimo, registró ayer, primer día en el que está operativo, unas 300 llamadas, todas irrelevantes, según un portavoz del bufete de abogados donde se ha depositado el dinero.

El delito de encubrimiento, regulado en el artículo 451 del Código Penal, prevé una condena de entre seis meses y tres años de cárcel para las actividades encaminadas a "ocultar, alterar o inutilizar el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito" y a ayudar a los autores a eludir la investigación.

Marta del Castillo ha sido buscada hasta el momento en el río Guadalquivir, donde, según dijeron en una primera declaración el asesino confeso, Miguel C. y otros dos imputados, la habían arrojado; en el vertedero de Alcalá de Guadaíra al que se llevan las basuras de Sevilla y en dos ocasiones en unos terrenos de Camas (Sevilla), cerca de la casa de la ex novia de Miguel.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, agradeció el martes "cualquier colaboración en un caso de tanta trascendencia humana".