El proceso de estabilización de empleo público en la Junta de Andalucía se ha convertido en una encrucijada para un millar de interinos, algunos con décadas de antigüedad, que se quedarán fuera al no superar el proceso selectivo 2017-19, aunque serán incluidos en una bolsa preferente para cubrir vacantes.

En las próximas semanas se irán incorporando en sus puestos los nuevos funcionarios que han aprobado, una vez que se termine de comprobar la documentación presentada y se publiquen los listados, algo que conllevará la salida de los interinos que ahora ocupan esas plazas y que no han superado el proceso.

El problema surge porque en estos procesos de estabilización de empleo público 2017-19, que provienen de las leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018, un millar de interinos no superó la fase, y de ellos un 20 por ciento ni siquiera participó.

Eso ha conllevado que esas plazas, convocadas por concurso-oposición, sean ocupadas por opositores que nunca habían trabajado en la Administración o por quienes tienen menos de tres años de experiencia, pero que sí han superado los exámenes pertinentes, según fuentes de la administración autonómica.

Los dos procesos de estabilización son anteriores a la ley estatal de 2021 para reducir la temporalidad en el empleo público, que sí recoge el carácter excepcional de la convocatoria sólo por concurso para casos con más de cinco años de antigüedad. Sin embargo, esa misma ley impide volver a convocar plazas que ya estuvieran en ofertas previas de estabilización y que hayan sido cubiertas, como es el caso.

La solución de la Junta pasa por poner en marcha una bolsa preferente con este personal, que se conformará por orden de antigüedad, "con una garantía de ocupación muy alta", para cubrir vacantes o necesidades de personal que se produzcan.

El Gobierno andaluz defiende que debe ajustarse a la legalidad, tras "décadas" de anteriores ejecutivos en los que se han encadenado contratos temporales, y explica que aplicará la ley 20/2021 para regular la estabilización en futuros procesos selectivos, aunque pide al Gobierno que se permita dar "más garantías" a los interinos.

EL MILLAR DE INTERINOS PIDE AYUDA

Este colectivo de interinos pide ayuda tras años "en fraude de ley por abuso de la temporalidad" y advierte de que el derecho administrativo "da impunidad" para que puedan ser cesados "sin indemnización ni preaviso", de un viernes a un lunes.

Han reclamado públicamente una solución para un colectivo "que ha hecho muchísimo trabajo durante muchísimo tiempo" en la Administración autonómica, cubriendo el trabajo "de tres funcionarios".

Además, ponen de relieve que en el sector privado sería "un escándalo" que trabajadores con muchos años de contratos temporales sean cesados, según las leyes laborales. En su caso, las indemnizaciones tendrían que venir por vía judicial, si así lo estima un juez.

Este millar de interinos tampoco comparte la bolsa preferente que va a poner en marcha la Junta, ya que considera que es "más precariedad laboral", con contratos para unos meses, cuando en la Administración andaluza "hay plazas para todos".

LOS SINDICATOS DENUNCIAN UN "TRATO DISCRIMINATORIO"

CSIF, CCOO, UGT e Iniciativa Sindical Andaluza se unieron en un manifiesto para denunciar un "trato discriminatorio" de la Junta hacia los interinos, y una "falta de negociación y soluciones" para ellos.

Los sindicatos, que constituyen mayoría absoluta en la Mesa Sectorial de la Administración General, rechazan la salida de estos trabajadores y consideran que todos son necesarios, tanto los nuevos funcionarios que han aprobado las oposiciones como ellos.

Han lamentado que "se desprecia" un potencial humano y consideran que los procesos de estabilización "no han cumplido con el espíritu con el que se pusieron en marcha", por lo que reclaman una solución.