La entrada en vigor en la jornada de ayer de la nueva Ley de Tráfico contempla entre sus novedosos aspectos algunos enfocados en la búsqueda de sancionar con mayor dureza ciertos aspectos viales.
Entre ellos está el de el estacionamiento an zona destinada al aparcamiento de vehículos de discapacitados, los Excepto Minusválidos.
Concretamente estacionar en uno de estos reservados, sin estar en posesión de la tarjeta que permite su uso y estacionamiento, pasará de ser una falta leve a ser considerada como una falta grave, aunque eso sí, seguirá sin ser una sanción que acarree consigo la pérdida de puntos. De esta forma pasará a acarrear una sanción económica que pasa de los 90 euros a los 200 euros, al tratarse ahora como una sanción grave.
El vicepresidente de Asociación Gaditana de Discapacitados Físicos, Diego Márquez, valoraba ayer la entrada en vigor de esta Ley de Tráfico como una “buena noticia”, ya que la medida que les afecta la consideran “acertada”, sobre todo por el importante incremento económico que acarrea esta sanción.
“Para nosotros esta reforma de la Ley de Tráfico en este apartado es muy positiva, porque es un tema que nos afecta directamente y con mucha asiduidad. Que se pase de los 90 a los 200 euros nos parece muy acertado porque si hay algo que duele es el dinero a pagar y así seguro que la gente se lo pensará dos veces a la hora de aparcar en uno de los reservados, que al fin y al cabo, eso es lo que se busca con el incremento económico de este tipo de infracción”, explicaba ayer Diego Márquez.
Sobre la posibilidad de que esta infracción pudiera acarrear también una pérdida de puntos, Diego Márquez cree que “estaría bien”, pero considera que “es bastante el importante incremento económico porque como poco serían 100 euros de multa si lo pagan rápidamente”, deja claro.

Pedirán que se aplique
En cuanto a la pronta aplicación de esta medida, que ya está en vigor, desde Agadi tienen claro que exigirán mano dura, aunque a la hora de solicitar un mayor control en este sentido, dejan claro que “dejaremos un tiempo prudencial pero sin duda no dejaremos el tema pasar”, en busca de que pronto el Ayuntamiento empiece a vigilar estas infracciones.
“Somos conscientes de que habrá que dejar unos días para que la gente sepa de la nueva normativa, pero pronto vamos a pedir al Ayuntamiento de Cádiz que la Policía Local vuelva a hacer un pequeño asalto en este sentido y endurezca el control con estas nuevas sanciones económicas”, asegura Márquez.
Por ello, Agadi asegura que la misma “semana próxima” pedirán formalmente al Ayuntamiento de Cádiz que se “vuelva a endurecer el control en este sentido porque somos conscientes de que la voz y las palabras se las lleva el viento, y los hechos, en este caso en forma de multa, son los que verdaderamente tienen efecto. Con dos o tres multas de este tipo, seguro que la gente se va dando cuenta de que esto es un importante problema que nos afecta a nosotros y mucho”, dejaba claro el vicepresidente de Agadi.

Una Ley inspirada en los juicios rápidos
La mayor parte del articulado del nuevo régimen sancionador de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, está inspirado en los juicios rápidos y que tiene como objetivo fundamental el pago exprés de las multas. Algunas novedades de la norma son que programar el navegador mientras se conduce conllevará la pérdida de tres puntos y una multa de 200 euros. Quien deje su vehículo a alguien que nunca ha tenido el carné también deberá pagar 200 euros,
al igual que llevar la matrícula ilegible, y los ciclistas que circulen sin luces y elementos reflectantes por la noche en las bicicletas serán sancionado con hasta 100 euros. La ley premia el pronto pago de los infractores con un descuento del 50% en el importe de las multas si paga antes de 15 días, por el actual 30%, y las cuantías de las multas serán de hasta 100 euros para las infracciones leves, hasta 200 euros para las graves y hasta 500 para las muy graves. Llevar inhibidores de radar será penado con 6.000 euros, aunque la norma recoge sanciones de entre 3.000 y 20.000 euros en los casos de hacer obras en la carretera sin autorización, no instalar la señalización de obras e incumplir las normas sobre la autorización y funcionamiento de las autoescuelas. Si el conductor no paga ni alega en el plazo de 15 días, la sanción será firme en el plazo de un mes y el dinero recaudado con las multas se destinará a la seguridad vial y a las víctimas de los accidentes de tráfico. Por otro lado, el conductor con cuatro sanciones firmes graves no podrá renovar el permiso de circulación ni vender el vehículo.