El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha considerado este jueves que pesa una "evidente falta de voluntad política" para acometer las modernizaciones y reformas que necesita el sistema judicial, para optimizar su funcionamiento y conseguir unos "tiempos razonables" a la hora de tramitar los procedimientos y celebrar los juicios, pues a día de hoy la justicia "ya ha colapsado" en lo que a tiempos se refiere.
En una entrevista en Canal Sur Radio, el presidente del TSJA ha manifestado que el sistema judicial afronta actualmente un "momento muy delicado", explicando que en términos de "tiempos razonables", el servicio de justicia "ya ha colapsado" en Andalucía, pues "no es razonable" que los procedimientos penales se resuelvan "al montón de años" después de acontecer los hechos o que un juicio rápido se celebre "más de un año" después cuando debería ser celebrado "en 15 días".
"Eso no es una justicia, porque los tiempos no son razonables y el ciudadano se siente insatisfecho con el vuelva usted mañana. Es una situación frustrante y muy dolorosa", ha dicho Lorenzo del Río, señalando que la sociedad necesita un servicio judicial con "tiempos mucho más razonables" a la hora de resolver los asuntos.
Al respecto, ha señalado el "déficit de recursos" que padece el sistema judicial andaluz y que los juzgados de Primera Instancia, por ejemplo, "están desbordados, con el doble de entrada de asuntos", mientras en la jurisdicción Penal pesa un "enorme porcentaje de delitos por violencia sexual" y los órganos judiciales de lo Social han experimentado un "leve repunte" de entrada de asuntos, extremos que según ha dicho refleja la última edición de la memoria anual del TSJA.
PROBLEMAS CON EL PORTAL ADRIANO
Además, ha explicado que Andalucía está "muy por debajo de la optimización de la justicia digital", detallando que el nuevo portal digital Adriano ha tenido que ser "parado tres meses y está ralentizando el trabajo" respecto al programa previamente usado, extremo que ha atribuido a que "las empresas de informática" encargadas de implantar este nuevo programa "no están haciendo bien su trabajo".
A ello se une, según ha dicho, que a la Fiscalía "no se le puede notificar nada electrónicamente", sino que todo se le debe trasladar "en papel". "Es inconcebible que desde que comenzó la digitalización no tengamos un nivel razonable de satisfacción", se ha quejado Lorenzo del Río.
Toda esta situación, a su entender, deriva de "20 años de transitoriedad, sin hacer reformas, sin acuerdos entre los partidos" para acometer las medidas necesarias, según ha considerado, avisando de que "llega un momento en el que el vaso se llena". Y es que desde hace años ya "se saben las modernizaciones que hay que hacer, pero las leyes (necesarias para las mismas) se han frustrado en varias legislaturas".
"EVIDENTE FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA"
A su juicio, hay una "evidente falta de voluntad política" para la modernización de la justicia, apelando al conjunto de fuerzas políticas, porque tales reformas "no pueden eternizarse constantemente".
Así, ha apostado por "cambiar el sistema de juzgados unicelulares hacia un trabajo mucho más colegiado y conjunto, que permita rentabilizar los recursos", así como por una "reforma organizativa" en el plano de efectivos, "que estaba proyectada hace ya 20 años", porque hay unidades judiciales "sobredotadas y otras donde falta personal".
Para todo ello, según avisa, "es necesario voluntad política", lo que le ha llevado a reclamar que la justicia "salga de la disputa política" de los partidos.
LA REFORMA DE LA MALVERSACIÓN
Preguntado por el planteamiento de la Comisión Europea para una pena máxima de al menos cinco años para delitos de malversación, para armonizar las penas en el continente, una propuesta que obligaría a España a volver a reformar el delito de malversación; Lorenzo del Río ha apoyado "todo lo que sea homogeneizar los sistemas penales en Europa".
Este planteamiento de la Comisión Europea, según ha dicho, pone de relieve que con la reciente reforma estatal del delito de malversación, "quizá las cosas no se hicieron como se debía", aludiendo a que dicha reforma fuese tramitada como "proposición parlamentaria" y no como proyecto de ley y figurase dentro de "otra ley que tenía una finalidad distinta" para la reforma del Código Penal. "Son formas de legislar que no son las más ideales en un estado de derecho", ha dicho.
