Piden 5 años para Antonio Ramírez por un delito ecológico

El Ministerio Fiscal pide cinco años de prisión e inhabilitación para desempeñar profesión u oficio relacionado con la gestión de residuos para el actual alcalde de El Bosque, el socialista Antonio Ramírez, que presidía el Consorcio Bahía de Cádiz cuando en 2002 el vertedero de El Berrueco contaminó el arroyo Valsequito. También se sentarán en el banquillo como acusados el entonces director técnico del citado consorcio y el representante legal de la empresa Movimientos de Tierra Hermanos Leal SL, propietaria de la finca y el vertedero desde 1993.
Según el escrito de calificación fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, se les imputa un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente -delito ecológico- por “no ejecutar las medidas preventivas que les indicó la Junta de Andalucía con el objetivo de prevenir un episodio contaminante”.
El escrito de acusación expone que desde que Movimientos de Tierra Hermanos Leal se hizo con la propiedad de la finca y el vertedero, se produjeron diversos episodios de vertidos de lixiviados procedentes del vertedero, dando lugar a distintos procedimientos judiciales que fueron archivados. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Cádiz dictó una sentencia condenatoria por delito ecológico en diciembre de 1997.
Así, ante la “inacción” de los propietarios, la Delegación Provincial de Medio Ambiente tuvo que realizar de forma subsidiaria trabajos y medidas correctoras de sellado del vertedero. Al terminar a finales de 2001, la Administración andaluza advirtió al Consorcio Bahía de Cádiz -gestor del vertedero- de los daños medioambientales derivados del riesgo de vertidos al arroyo Valsequito, lo que hacía necesario que desempeñasen una serie de acciones.
Estas acciones consistían en la extracción de lixiviados de las arquetas y posterior envío a instalación de tratamiento, el mantenimiento del camino de acceso al depósito de lixiviados, la limpieza de las cunetas perimetrales para favorecer la evacuación de aguas pluviales, la reparación o perfilación de los taludes en caso de escorrentías y, finalmente, la reconfiguración de la superficie sellada en caso de asentamientos en la masa de residuos.
La Fiscalía expone que ni la empresa propietaria de la finca ni el Consorcio Bahía de Cádiz -presidido entonces por el actual alcalde de El Bosque- adoptaron las medidas precautorias. Así, “desde finales de 2001 hasta al menos marzo de 2002 se vinieron produciendo en el vertedero de El Berruecos escapes lixiviados que discurrían por el terreno hasta llegar al arroyo Valsequito, donde quedaban estancados en su cauce, llegando a ocupar un tramo de 800 metros aguas abajo del vertedero, formando grandes y profundos charcos y favoreciendo la precolación en el terreno”.
En este sentido, añadió que desde que la Junta dio por concluidos los trabajos reseñados hasta febrero de 2002, el caudal de los vertidos ascendía a unos 1.000 metros cúbicos. El derrame “contaminante” excede los límites establecidos para vertidos al dominio público hidráulico y a las aguas litorales, afirmó.
Tales hechos infringen, entre otros, la Ley de Residuos, el Reglamento de Residuos y la Ley de Protección Ambiental, ya que dieron lugar a efectos ambientales perjudiciales como la anulación de usos potenciales del suelo, deterioro del paisaje, disminución de la calidad de las aguas de escorrentía, reducción de la fauna y flora bentónica, peligro para la salud pública, así como contaminación de las aguas subterráneas.

El PP reclama al PSOE que eche al alcalde
El presidente provincial del PP, José Loaiza, ha reclamado al PSOE que “eche” al alcalde de El Bosque y pida su dimisión tras conocerse que está imputado como presunto autor de un delito ecológico. Loaiza criticó que su homólogo socialista, Francisco González Cabaña, ha estado “preocupado” en los dos últimos meses por “echar a la alcaldesa de Los Barrios”, Ángeles Ariza, pero “no por solucionar el problema de gestión del Ayuntamiento”. A su juicio, el socialista “sólo está preocupado por quitar y poner alcaldes” y achacó la dimisión de Ariza, “que no está imputada ni tiene nada”, a una “pelea interna del partido”. Por ello pidió a González Cabaña que "eche" a Ramírez, a quien "acaban de imputar por un delito ecológico".