Las consecuencias de la huelga indefinida iniciada el 24 de mayo por los funcionarios de Justicia, que reclaman mejoras en sus condiciones económicas y laborales, son cada vez más graves.
En Andalucía, miles de ciudadanos se ven afectados por la paralización de actuaciones procesales y por la suspensión y aplazamientos.
"La recuperación va a ser costosa y duradera y en algunas jurisdicciones tardarán años en volver a los niveles de actividad previos a los paros", aseguran funcionarios en huelga con los que ha hablado Andalucía Información.
De este enorme colapso culpan a la ministra de Justicia, Pilar Llop, a la que califican de "soberbia" y añaden que "parece que tiene alergia a negociar". También apuntan que el daño de esta huelga no se limita a los ciudadanos, sino que despachos de abogados y procuradores se ven abocados al cierre por esta falta de actividad.
Estos funcionarios siguen sin entender por qué la ministra ha optado por abordar por separado (letrados, jueces, fiscales y funcionarios) el conflicto del personal de Justicia. "Todos han visto subidas en sus retribuciones menos los funcionarios, el personal que menos cobra y que más efectivos aporta al funcionamiento de este servicio público esencial".
En su opinión, la ministra ha aplazado intencionadamente la solución del conflicto y ahora, con el adelanto de las elecciones generales, "nos quedamos sin interlocutores válidos que puedan poner fin al conflicto de forma dialogada y negociada".
