"Las medidas pertinentes de China son totalmente legítimas, razonables y necesarias", agregó
China defendió hoy la legitimidad y la necesidad de su veto a las importaciones de productos marinos procedentes de Japón, después de que Tokio presentara una queja ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por considerarlo "totalmente inaceptable".
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China Mao Ning declaró en una rueda de prensa que el vertido al mar de agua contaminada de la central nuclear de Fukushima por parte de Japón es un acto "sin precedentes" y "sin estándares reconocidos" que "pone en riesgo el medio ambiente marino y la seguridad pública".
Mao afirmó que la comunidad internacional está "preocupada" por las consecuencias de esta decisión y ha adoptado medidas preventivas.
"Las medidas pertinentes de China son totalmente legítimas, razonables y necesarias", agregó.
La vocera pidió a Japón que "corrija su error" y "responda seriamente a las preocupaciones y demandas racionales de los países vecinos y de la comunidad internacional".
El Gobierno japonés había pedido a China que "quitase lo antes posible la restricción", que considera carente de base científica, dijo este martes el portavoz gubernamental nipón, Hirokazu Matsuno, en una rueda de prensa en la que reveló la presentación de la queja y calificó la decisión de Pekín de "extremadamente lamentable".
Tokio ha presentado un documento a los miembros de la OMC, el organismo que vigila el cumplimiento y la estandarización del comercio internacional, donde argumenta su oposición al veto.
La empresa propietaria de la accidentada central nuclear de Fukushima empezó el pasado 24 de agosto a verter el agua tratada de la planta, compuesta por el agua utilizada para enfriar los reactores dañados y su combustible fundido, así como filtraciones de agua de lluvia en las instalaciones que fue contaminada y depurada para eliminar los elementos radiactivos peligrosos.
Países vecinos como China y Corea del Sur han mostrado una férrea oposición al vertido por motivos de seguridad desde que se conociera el plan, pese a que ha recibido el visto bueno del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que dice que se ajusta a las medidas de seguridad internacionales y su impacto a nivel humano y medioambiental será en principio inocuo.