Amnistía Internacional urge a partidos retomar la reforma de la ley mordaza

 Amnistía Internacional ha reclamado este martes a los grupos parlamentarios que retomen cuanto antes la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, bautizada como ley Mordaza, cuya modificación fracasó al no lograr los respaldos suficientes de la mayoría de partidos de izquierdas.

Según la organización, que ha dado a conocer un informe sobre la violencia ejercida por el Estado contra quienes protestan en todo el mundo, el caso de España no es ajeno al impacto negativo sobre el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión e información como consecuencia de la llamada ley mordaza, en vigor desde julio de 2015.

Amnistía Internacional denuncia que, en los últimos siete años, más de 250.000 personas han sido sancionadas, en tanto que el Comité contra la Tortura ha mostrado en diversas ocasiones su preocupación por el amplio margen de discrecionalidad que esta norma otorga a las fuerzas de seguridad en determinados ámbitos, como los controles de identidad y registros corporales en la vía pública.

También insiste en su denuncia pro las lesiones graves provocadas por el uso de balas de goma y de espuma ("foam") por parte de las fuerzas de seguridad en la gestión de manifestaciones y exige que todos los países regulen el comercio de material de control policial.

La organización lamenta que en la anterior legislatura no saliera adelante la reforma, una tarea que urge que se retome, al igual que reclama que el Código Penal defina mejor algunas conductas para no criminalizar indebidamente actos de desobediencia civil pacífica, ni imponer penas desproporcionadas.

Por ejemplo, el delito de desórdenes públicos debe asegurar que sólo se castigan actos graves de violencia, sin que se pueda sancionar la protesta pacífica de los movimientos sociales, como los que defienden el derecho a la vivienda o protestan contra la crisis climática.

La reforma de la ley mordaza decayó el pasado mes de marzo al no lograr el respaldo de la mayoría de la Comisión de Interior, donde ERC y EH Bildu votaron en contra al considerar que la propuesta que iba a salir adelante mantenía intacto el núcleo más lesivo de la norma actual, entre ellos el material antidisturbios o las faltas de respeto a la autoridad, la desobediencia y la resistencia.