La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja oficio interesándose por el "déficit" de puestos de administración y servicios en los centros de Educación Secundaria de Andalucía, una situación que "se prolonga a lo largo de todo el curso escolar", pero que suele alcanzar "su estadío crítico" durante los meses de julio, septiembre y octubre coincidentes con la terminación y el inicio del mismo.
En la queja, consultada por Europa Press, la Defensoría explica que han recibido varias quejas tanto de asociaciones de padres y madres como de personal directivo y docente de dichos centros, que consideran que "la falta de personal repercute negativamente en la prestación del derecho a la educación del que son titulares los alumnos y las alumnas". En concreto, el personal directivo y docente manifiesta que su trabajo --la labor educativa-- "se ve interrumpido y perjudicado cuando han de compaginarlo con funciones administrativas y organizativas que no le son propias, por encontrarse estos puestos vacantes", señala el texto de la iniciativa.
En este sentido, apunta que diferentes medios de comunicación se hicieron eco de esta problemática en el comienzo del curso 22-23, y que distintas organizaciones sindicales denunciaron, a su vez, el "déficit" de personal en los referidos centros y demandaron soluciones a las administraciones implicadas.
Además, la queja recuerda que el artículo 27 de la Constitución recoge el derecho a la educación y el artículo 21 Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone que "se garantiza, mediante un sistema educativo público, el derecho constitucional de todos a una educación permanente y de carácter compensatorio". También alude, entre otras referencias a diversos decretos, a la Ley 17/2007, de Educación de Andalucía, que en su exposición de motivos indica que hacer efectivo el derecho a la educación en el siglo XXI "implica promover nuevos objetivos educativos y disponer los medios para llevarlos a cabo, refiriéndose --entre otros aspectos-- a la exigencia de contar con una gestión de los centros docentes ágil y eficaz".
Por todo ello, la institución expone que teniendo en cuenta la "pluralidad" de empleados públicos que pudieran encontrarse perjudicadas en el desempeño diario de sus funciones con motivo de la "falta" de este personal, así como la repercusión que ello tiene en la implementación del derecho a la educación, se ha iniciado esta actuación de oficio dirigida a la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, a la Viceconsejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.
Así, en la misma solicita información sobre el procedimiento mediante el cual la Administración evalúa las necesidades existentes de incorporación de este personal a los centros; qué porcentaje de puestos vacantes de administración y servicios existen en la actualidad, con indicación de si se encuentran dotados o desdotados, en cada provincia; y en este inicio de curso, qué medidas se están adoptando para atender las necesidades de personal de administración y servicios demandadas por los centros educativos.
