La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales entró en vigor el pasado 29 de septiembre y endureció las sanciones para los propietarios de perros, gatos, hurones y aves que no cumplan con las obligaciones que establece la normativa.
Una de las principales obligaciones es la identificación con microchip o anilla de los animales de compañía, que permite localizarlos y evitar el abandono y el maltrato. No hacerlo se considera una infracción grave, que puede acarrear multas de entre 10.000 y 50.000 euros.
Según el Seprona, ya se han tramitado las primeras propuestas de sanción en Pontevedra, donde se han detectado varios casos de perros sin microchip.
La ley también obliga a comunicar a las autoridades la pérdida o sustracción de cualquier animal en un plazo máximo de 48 horas. No hacerlo se considera una falta leve, pero si el dueño no recoge al animal tras ser localizado en un centro o refugio, se consideraría una falta grave.
