A partir del 1 de diciembre, todas las pymes que tienen entre 50 y 250 empleados y no cumplan con la Ley 2/2023 de Protección de Informantes en España, se arriesgarán a sanciones de entre 600.001 euros a 1.000.000 de euros.
Esta nueva ley que entra en vigor, tratará de proteger a toda persona que informe sobre una irregularidad laboral para evitar consecuencias negativas, como el despido, el traslado, la degradación o la intimidación. Por tanto, las empresas estarán obligadas a implementar un canal de denuncias efectivo y que garantice la confidencialidad del informante.
Aún así, no será suficiente con tener un sistema. Será necesario contar con un gestor del canal de denuncias, alguien que haya recibido una formación, que pueda guiar a los empleados preocupados y tomar decisiones relacionadas con el cumplimiento de esta ley.
Dicha figura cobrará vital importancia, ya que será la encargada de promover la transparencia y la integridad de las empresas, así como de dar confianza a los informantes.
Según el estudio “La Comisión de la UE y el Parlamento Europeo se enfrentan por la protección de los denunciantes” de Eva Fischer, alrededor del 90% de los informantes prefieren ponerse en contacto primero con la compañía que con el resto de herramientas como la prensa o las autoridades.
“Ante este este escenario, urge que las pequeñas y medianas empresas españolas se preparen y definan al gestor del sistema interno de información, además de que le den formación para que pueda acometer estas responsabilidades de la mejor forma posible.” explica Murray Grainger, country manager de EQS Group en España y Portugal.
De acuerdo con la importancia y las funciones de esta figura, EQS Group ha compartido las cuatro responsabilidades que ejercerá el gestor del sistema interno de información en las pequeñas y medianas empresas españolas:
1. Abogar por las denuncias que reciba: su principal responsabilidad es recibir los informes de prácticas incorrectas, ilegales o anti éticas dentro de la organización. Esto implica estar disponible para escuchar a los empleados o cualquier otra parte interesada que tenga información relevante sobre posibles irregularidades.
2. Garantizar la confidencialidad y el anonimato de los informantes: fomentar un entorno seguro donde los empleados se sientan protegidos al informar sobre irregularidades tiene que ser una prioridad.
3. Ser imparcial ante los hechos: evaluar los informes de manera imparcial y objetiva es una responsabilidad clave. Esto puede implicar investigar los hechos, recopilar pruebas y entrevistar a testigos relevantes para determinar la veracidad de los informes.
4. Evitar que se tomen represalias: proteger a los informantes contra represalias estará en el radar como una de las acciones principales. Esto implica definir los protocolos y tomar medidas para prevenir cualquier forma de represalia por parte de la organización o de otros empleados como consecuencia del informe.
