Los delitos medioambientales son una modalidad delictiva al alza con un gran impacto tanto en la naturaleza como en las personas, según el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, que reclama adaptar el Código Penal a una realidad cambiante y endurecer las sanciones.
Creado en 1988, el SEPRONA es referente mundial en la protección del medio ambiente desde un punto de vista policial y, con casi 2.000 personas dedicadas en exclusiva a la protección de la naturaleza, supone una "herramienta única", ha defendido en una entrevista con EFE su portavoz el sargento Fernando Cuello.
"Es por ley la policía judicial específica en materia medioambiental". y su verdadero valor añadido está en que cuenta con una estrategia global de protección del medio ambiente, que abarca desde la persecución y detención, a la concienciación, prevención y vigilancia.
Nuevas modalidades delictivas
Su existencia, ha defendido, es fundamental por "la gran complejidad y variedad de delitos medioambientales" y, sobre todo, porque estamos "ante una modalidad delictiva cada vez mayor que tiene un impacto muy negativo tanto para el medio ambiente como para la población".
Además, van apareciendo nuevos delitos que no están totalmente definidos en el Código Penal y no siempre es fácil diferenciar "cuando estamos ante un delito medioambiental o ante una infracción administrativa".
Entre esas nuevas conductas, destaca el tráfico de residuos, un crimen con grave impacto medioambiental que ha llamado la atención de los grandes grupos criminales, dando lugar al nacimiento de redes ilegales de vertidos.
Otra de los fenómenos en auge que más preocupa son los fraudes alimentarios, que permiten a los delincuentes lucrarse vendiendo productos "más baratos" que no pasan los controles obligatorios y no son lo que afirman ser, ha advertido Cuello.
También están apareciendo grupos organizados de caza y pesca ilegales y cada vez son más lo casos de cazadores furtivos que utilizan "técnicas de ocultación y material tecnológico más propio de unidades militares", lo que dificulta "enormemente" su identificación, localización y detención.
Por otra parte, ha aumentado mucho el tráfico de especies de fauna y flora, actividad que se sitúa como una de las más lucrativas moviendo cada año miles de millones de euros.
"La actividad delictiva en el ámbito medioambiental es muy variada y van apareciendo nuevas modalidades que requieren nuestra continua adaptación" y habría que desarrollar nuevas figuras penales que den respuesta "a problemáticas que en la última revisión del Código Penal no se contemplaron", ha subrayado Cuello.
Además, debido a que las penas no suelen ser tan elevadas como en otros tipos delictivos, los beneficios obtenido por los delincuentes son muy superiores y, por tanto, cometer esos delitos es "rentable" para ellos, lo que a su vez conlleva un incremento en su comisión. "A veces duele más la infracción administrativa que la pena", ha apuntado.
Delitos más frecuentes y delitos más dañinos
En cuanto a los delitos más frecuentes a los que se enfrentan, destacan los relacionados con la defraudación de agua o distracción de aguas públicas de su uso, seguidos de maltrato y abandono de animales domésticos, delitos urbanísticos, delitos relativos a la protección de la flora y la fauna y delitos de caza.
Además, conocen de numerosas infracciones administrativas, entre las que despuntan las relacionadas con residuos y vertidos, caza y pesca, animales de compañía o sanidad de los animales.
Si vamos más allá de los datos numéricos y hacemos una clasificación "por orden de importancia", el listado lo encabezan la extracción ilícita de agua, porque ocasiona graves perjuicios a los recursos hídricos de España, y los incendios forestales, que destruyen los hábitats de muchas especies y provocan la erosión del suelo y una gran contaminación atmosférica, ha dicho Cuello.
También figura el tráfico ilegal de especies, "por el gran perjuicio que ocasiona a los ecosistemas de los que se extraen o en los que se introducen estas especies".
En cuanto a los más difíciles de perseguir, aquellos que trascienden las fronteras, "debido a que las investigaciones se ralentizan dada la necesidad de recurrir a la colaboración de otros países".
Otra gran dificultad a la que se enfrentan, es que gran parte de delitos ambientales se producen en un ámbito rural, en zonas "en las que los delitos son más difíciles de detectar y pueden pasar desapercibidos para la ciudadanía", según Cuello.
Por ello, el aumento del despliegue, con la creación de nuevas unidades y un mayor número de efectivos y recursos es uno de los objetivos a alcanzar en los próximos años.
