Desde que llegamos al Gobierno del Ayuntamiento de El Puerto y antes de eso, en nuestro programa electoral, hicimos del orden, la organización y la honradez nuestras banderas de actuación. Eran las tres cuestiones, amén de una sustancial mejora en la gestión, que necesitaba de forma ya desesperada no sólo el Ayuntamiento sino la ciudad.

En estos cerca ya de cuatro años habremos actuado con mayor o menor acierto, habremos conseguido alcanzar algunos de los hitos que nos propusimos y otros no, pero hay dos cuestiones que no pueden ponerse en duda: una, que lo hemos intentado y lo seguiremos intentando, trabajando y luchando hasta el último momento; y dos, que nuestra actuación ha estado, está y estará presidida por la máxima honradez y buena fe aunque ello suponga un desgaste al que muchos otros políticos no han querido someterse.

Es evidente que, entre otras muchas cuestiones, cuando llegamos al Gobierno del área de Urbanismo, un asunto preferente y prioritario era la gestión de la problemática de más de 4.000 viviendas irregulares en El Puerto.

El margen entre escaso y nulo que nos permitía la legislación vigente era, y sigue siendo, una pesadilla cuando uno se encuentra con: una realidad física, y en su mayor parte consolidada, pero sin servicios básicos; sin Plan General que certifique su legalización; con una legislación que me obliga a sancionar hasta que se produzca la demolición; y cuatro mil familias en situación precaria.

Si alguna acusación puede hacerse a los responsables políticos de este equipo de Gobierno, y en particular a quien ostento las responsabilidades de Urbanismo, es que me niego a derribar una vivienda de un portuense que vaya a poder legalizar en cuanto consigamos tener aprobado el PGOU.

Si esto es prevaricar, hago ya desde aquí una confesión pública para que quien quiera la lleve a fiscalía. No he concedido servicios básicos de luz ni de agua a pesar de las circunstancias familiares, no he permitido urbanizaciones, construcciones ni parcelaciones, y hemos fraccionado el pago de las multas coercitivas como única fórmula para aliviar la carga que supone para las familias afectadas.

Y cada día leemos y estudiamos cuantos resquicios legales nos informan para intentar solucionar esta situación de la forma más rápida posible.

Pero, al mismo tiempo que mantenemos esa actitud de conciliación entre la realidad existente y la legalidad, no olvidamos que como Ayuntamiento somos garantes del cumplimiento de la legislación. Ello nos llevó a la remodelación del servicio de Disciplina, ligado al de licencias y encabezado por un arquitecto durante el inicio del mandato y ahora en manos de un abogado, entendiendo que la disciplina es aplicación de legislación administrativa más que de normativa urbanística y, por tanto, los expedientes estarían -como se ha demostrado que es así- mejor gestionados.

Comprenderán lo radicalmente injusto que resulta que por una parte una actuación honrada, de estricto cumplimiento de la legalidad, te desgaste política y personalmente, y por otra parte esa actuación te desgaste ante quienes parecen creer que es insuficiente, y por otra parte más te desgaste por parte de quienes no cumplían la legislación ni por una apuesta y ahora intenten pretender que son otros los incumplidores y ellos los “santos varones”.

Estar en el Gobierno es evidente que te sitúa en el centro de atención y por tanto de las críticas y los varapalos, pero si algo no admito es que se cuestione es la honradez tanto mía personal, como de los técnicos del área de Urbanismo que en su mayor parte por puro convencimiento y en algún caso parece que obligados, hemos llevado la gestión de una de las áreas más complicadas y denostadas, más maltratadas y de las que más se ha abusado en los últimos años en este y en tantos otros Ayuntamientos.