Cada contribuyente tendrá que pagar un 46% más en la tasa de tratamiento de residuos sólidos a la empresa ARGISA, de la Mancomunidad de municipios. ¿Por qué esta subida? La presidenta de la Mancomunidad, Dña. Susana Pérez Custodio anunciaba, nada más hacerse cargo de la institución, esta mala noticia. Argumentaba que es una obligación impuesta por el Estado y que debía haberse implantado anteriormente a su llegada. Es cierto que en el BOE (Boletín Oficial del estado) de fecha 9 de abril de 2022, en su página 79 aparecía publicada la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. También es cierto que trata en su capítulo II del “Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos”.  En esta ley concreta en su artículo 39 que la  “1. La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo impositivo que corresponda: a) En el caso de residuos depositados en vertederos de residuos no peligrosos: 1.º Si se trata de residuos municipales: 40 euros por tonelada métrica.”. Queda claro que este impuesto y en esa cuantía, por tonelada métrica de residuos enviados a vertederos es decir basuras no recicladas, lo pone el Gobierno de la nación. En este caso el presidido por Pedro Sánchez, del PSOE.  Igualmente parece evidente que debería haberse aplicado en 2023 y que la Mancomunidad presidida por ese partido político no lo creyó conveniente, aunque fue ampliamente debatido en Mancomunidad en febrero de 2023.  Hay quien se pregunta si la propia ley establece una moratoria. Ya que esa ley recoge  en su artículo 11 apartado 3 lo siguiente: En el caso de los costes de gestión de los residuos de competencia local, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las entidades locales establecerán, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa…” ¿Podría aplicarse en 2026?

Lo cierto es que después de 26 años, un cuarto de siglo, de la publicación en 1997 de la ley 11/97 sobre el reciclaje de envases que debe ser responsabilidad de las empresas productoras de estos, aproximadamente sólo un 10% de los mismos se reciclan. Y como las empresas productoras de envases no lo hacen el Gobierno estatal decide “ayudar” que esto se haga. ¿Y cómo ayudar mejor?  ¡Ya está!  ¡Claro!  ¿Cómo quienes gobiernan no han caído antes en la cuenta?  La solución está en poner una multa a la ciudadanía y esto se hace mediante la subida de impuestos. Parecería lógica esta “solución” si se aplicase a quienes durante estos 26 años han gobernado y han tenido responsabilidad en la gestión de residuos sólidos. Estos políticos deberían haber conseguido que al menos un 60 o 70% de todas las basuras se reciclaran.  Del bolsillo de estos políticos deberían salir esos dineros que el Estado pretende recaudar. Ya que en el articulo 84 de la ley 7/2022,  que establece tanto la naturaleza del impuesto como su finalidad, nada predica sobre que sea la ciudadanía quien corra con la cuantía del impuesto. El punto 1 de ese artículo dice: “1. El Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos es un tributo de carácter indirecto que recae sobre la entrega de residuos en vertederos, instalaciones de incineración o de coincineración para su eliminación o valorización energética.”  Las personas depositan su basura, previamente separada, en contenedores y estos son recogidos por empresas municipales, como Algesa o por Arcgisa. Y estas empresas públicas que han venido siendo regidas por políticos son las encargadas de entregar  esas basuras en el Complejo Medioambiental Sur de Europa (CMSE), que es la planta de tratamiento de residuos ubicada junto al vertedero mancomunado, dependiente de la empresa de servicios de la Mancomunidad, Arcgisa (Agua y Residuos del Campo de Gibraltar, SA) y que está gestionado por la empresa privada concesionaria, Urbaser, ( que en 2004, pasa a denominarse Urbaser S.A., tras ser absorbida TecMed por  Dragados (Grupo ACS). Luego la ciudadanía nada tiene que ver con este “castigo” que el Gobierno de la Nación quiere propinar a quienes deberían haber gestionado mucho mejor los sistemas de reciclaje y no lo hicieron. Además esto queda meridianamente claro en la descripción de la finalidad del impuesto que se describe en el punto 2 de este mismo artículo: “2. La finalidad del impuesto es el fomento de la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado de los residuos, con la fracción orgánica como fracción preferente y la educación ambiental, al objeto de desincentivar el depósito de residuos en vertedero, la incineración y su coincineración.”   La pregunta obligada: ¿Quiénes son los que depositan basuras en los vertederos?  Evidentemente la ciudadanía NO. Entonces cabe preguntarse ¿Por qué serán los ciudadanos quienes paguen esa “multa” impositiva al Estado?

Ya en febrero de 2023 se ponían cifras, de las que se hacía eco la prensa local, a esta mala gestión realizada durante 26 años: “De acuerdo a las estimaciones realizadas por la empresa de residuos de la comarca en un informe, el coste del tratamiento de estos residuos no reciclados ascendería a 5,57 millones de euros por más de 185.660 toneladas, a razón de 30 euros por tonelada, según se estipula en la ley aprobada en 2022 por el Gobierno central.”   Miles de millones de euros de la ciudadanía entregadas, mediante subvenciones, a empresas para el reciclado de las basuras. ¿Y después de 26 años aún se tiran al vertedero miles de toneladas de basura sin reciclar? ¿Quiénes son los responsables de esta “estafa” multimillonaria”? ¿Qué mecanismos de Inspección ha desarrollado el Estado y las Administraciones autonómicas y la propia Unión Europea?  Quienes a esto del reciclaje se dedican dirán que algo se ha hecho.  Y evidentemente ya no pasa el carro del basurero, tirado por un mulo, por las calles, anunciándose a viva voz.  Mucho hay que explicar de por qué se está donde se está. Y mucho más hay que explicar a la ciudadanía antes de meter la mano en sus bolsillos de nevo. Y es que, ¡oiga no paran de subir impuestos y tasas! Y sobre todo al Gobierno debe exigírsele que busque a quienes tienen la culpa de que se recicle menos de lo que se debe y defienda a la ciudadanía de los ataques a sus economías de políticos incapaces de conseguir los objetivos propuestos en sus numerosas solicitudes de subvenciones.  Con la subida de la tasa de residuos solidos que si nadie lo remedia subirá un 46% en 2024 se cumple nuevamente la maldición de que como siempre la ciudadanía, sin comerlo ni beberlo, seguirá pagando por lo que no es responsable. Los políticos para justificar el impuesto invocan una ley que les afecta a ellos, y exclusivamente a ellos, ya que vecinas y vecinos de pueblos y ciudades depositan las basuras PARA SU RECICLADO”. Tampoco son los que llevan los residuos a vertederos, ni son responsables de la incineración y la coincineración de residuos, ya que salvo imposibles todo debería ser reciclado. Después de casi 30 años que quien pretenden cobrar el impuesto explique por qué eso no ocurre, con todo lujo de detalles.

Fdo Rafael Fenoy Rico