Las subcontratas de Torrecera llevan a los tribunales el impago de su deuda

Un panorama desolador para las cuatro empresas subcontratadas para hacer 80 viviendas de protección oficial en Torrecera, que ayer volvieron a ser protagonistas por la protesta que realizaron a las puertas de la vivienda del propietario de la constructora Baupress, la anterior responsable de las obras, que les adeuda 230.000 euros.
Ante la manifiesta negativa, según los empleados, del empresario a no pagarles lo que les debe, tres de las cuatro empresas han puesto en manos de un abogado el caso para llevarlo a los tribunales, pero mientras tanto “vamos a concentrarnos diariamente a las puertas de su vivienda porque no podemos permitir que no cumpla con sus obligaciones, de hecho, hemos solicitado a la Gerencia Municipal de Urbanismo el expediente de contratación de la obra de Torrecera porque vamos a pedir cuantas responsabilidades se puedan exigir y para ello vamos a llevar toda la documentación a la Fiscalía de Cádiz”, explicaba uno de los empleados, Cristóbal Armario.
Las protestas son de carácter indefinido y se llevan realizando desde principios de semana en Estella del Marqués, donde vive el empresario. Esto, después de haber protagonizado varios actos de protesta ante las obras y en la puerta de la Empresa Municipal de la Vivienda, Emuvijesa, movilizaciones que han interrumpido al considerar que la nueva constructora, Copisa, es una empresa seria, hasta el punto de haber contado con algunos de los subcontratistas afectados.
Los manifestantes han formalizado una denuncia ante la Guardia Civil por insultos, amenazas y coacciones vertidos, dicen, por los familiares del anterior constructor.
Y es que por dos ocasiones han tenido que llamar a los agentes ante la presencia de un grupo de mujeres que increparon continuamente a los empleados de estas subcontratas, una situación que no achica a estos trabajadores. “Nos parece una desfachatez lo de este hombre”.
Asimismo, según sus informaciones, del interés de esta empresa por seguir participando en la adjudicación de promociones de Emuvijesa, “una cuestión que vamos a denunciar cada vez que asuma alguna promoción en el medio rural, porque no se puede permitir que la administración contrate a una empresa que no quiere pagar lo que debe a los trabajadores”.