El PSOE ha encontrado en la polémica generada con la nueva postura del PP sobre la amnistía un camino para cargar contra Alberto Núñez Feijóo en la recta final de la campaña para las elecciones gallegas, claves para el líder de la oposición, y para desviar la atención de las negociaciones del Gobierno con Junts.

Dirigentes socialistas, incluyendo miembros del Gobierno, han salido en tromba desde el pasado fin de semana para criticar la "gran mentira" del PP, después de que haya trascendido que los populares estudiaron durante 24 horas la legalidad de la ley de amnistía antes de descartarla y que Feijóo estaría abierto a un indulto condicionado al expresidente catalán Carles Puigdemont.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; la vicepresidenta primera y número dos del PSOE, María Jesús Montero, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, son algunos de los representantes socialistas que han coincidido en sus críticas y en la petición de explicaciones y de perdón al PP por haber "engañado" a los españoles, según dicen, con su postura sobre la amnistía.

Por el momento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha pronunciado al respecto de esta polémica, alimentada tanto por el PSOE como por Vox para cargar contra el PP, que por su parte la considera artificial.

Sí lo ha hecho el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que criticó con mucha ironía al PP por este asunto durante un mitin en Galicia, dejando así en evidencia que la amnistía se ha metido de lleno en la recta final de la campaña gallega, esta vez, paradójicamente, a iniciativa del PSOE.

Y es que si hasta ahora era el PP el que utilizaba esta ley (todavía en trámite legislativo) para atacar el PSOE, ahora son los socialistas los que están tratando de sacar provecho de lo que consideran graves contradicciones de los populares.

Todo ello a menos de una semana de la celebración de las elecciones en Galicia, en las que el PP es el partido que más se juega ante el riesgo de perder su mayoría absoluta, atesorada hasta hace poco y a lo largo de sucesivas legislaturas en manos de Feijóo en su anterior papel de presidente de la Xunta.

Por ello, el PSOE se afana en trasladar la idea de que el liderazgo de Feijóo al frente del PP está en peligro, no solo por el resultado que obtenga su partido en Galicia sino también por la agitación que las revelaciones sobre la amnistía ha provocado en los populares.

Además, el PSOE está aprovechando la ocasión para apretar las tuercas al PP y contraatacar con la amnistía en un momento en que las encuestas recientes del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestran un desgaste para los socialistas, tanto en Galicia como a nivel nacional.

En el caso de Galicia, el CIS refleja una fuerte subida del BNG a costa del PSdeG-PSOE, que permanecería en tercer lugar con un intervalo de entre 9 y 14 diputados, los que tiene actualmente, aunque habría opciones de una mayoría absoluta de la izquierda.

Y si hubiera elecciones generales, el PSOE quedaría ligeramente por debajo del PP con el 33 por ciento de apoyos frente al 33,2 por ciento de los populares, según el último CIS, que en su anterior barómetro de enero situaba a los socialistas por delante.

El PSOE comenzó la campaña para las elecciones gallegas convencido de que la amnistía no le haría daño, y ahora pretende ganar terreno al PP en esta comunidad autónoma haciendo uso de esta misma herramienta.

De paso, los socialistas tratan de desmontar con sus críticas la estrategia del PP en esta legislatura, basada hasta ahora de forma, prácticamente exclusiva, en la amnistía.

Más allá de las consecuencias que este asunto pueda tener en las elecciones gallegas del próximo domingo y en la nueva legislatura, lo cierto es que por el momento el PSOE ha logrado que las negociaciones sobre la ley de amnistía con Junts pasen a un segundo plano, al centrar toda su estrategia comunicativa en su ofensiva al PP.

Pero la ley de amnistía sigue bloqueada después de que Junts votara en contra en el pleno del Congreso de los Diputados al no incluirse sus últimas exigencias, y el tiempo para que la Comisión de Justicia vuelva a emitir un dictamen de la norma sigue corriendo, con el 7 de marzo como fecha tope.