El abogado del investigado por el doble crimen de Liaño, por la muerte de su expareja y el bebé de ambos, de once meses de edad, ha renunciado al caso por "pérdida de confianza de su defendido" y, también, por "la injerencia de personas cercanas al mismo".
Lo ha comunicado así su procuradora en un escrito remitido al titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Santander, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que comunica la renuncia del letrado defensor, designado por el turno de oficio. Lo hace por la citada "pérdida de confianza" de su patrocinado e "injerencia" de terceras personas, que "de manera conjunta se han pronunciado sobre la falta de pertinencia en el proceder de este letrado".
Así las cosas, en el escrito remitido al juez se interesa el libramiento de oficio al Colegio de la Abogacía-Comisión de Asistencia Gratuita para efectuar una nueva designación y la suspensión del plazo para presentar el escrito de defensa hasta que haya nuevo abogado.
Y es que esta renuncia se produce en un momento clave, en la fase final de la instrucción y previa a la celebración del juicio oral, justo cuando este letrado tenía que formular sus conclusiones provisionales sobre los hechos que imputan a su hasta ahora cliente. Ocurrieron en diciembre de 2021 en la localidad cántabra de Liaño (Villaescusa) y todas las acusaciones han pedido prisión permanente revisable y 25 años más de cárcel para José R., que entonces tenía 43, por el asesinato de su hija pequeña, de once meses, y de quien había sido su pareja, de 40 años.
En concreto, la fiscal, familiares de las víctimas y el Gobierno regional, que ejercer la acción popular, solicitan la pena máxima por la muerte del bebé, y reclaman 25 años más de cárcel por el fallecimiento de la mujer, así como otro más de prisión por quebrantamiento de condena (orden de alejamiento que tenía sobre esta última, y que habría roto hasta dos veces el día de los hechos).
DOBLE CRIMEN LIAÑO
El doble crimen de Liaño será enjuiciado por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Cantabria. Sucedió a mediados de diciembre de 2021 en la casa familiar de las víctimas, en Liaño de Villaescusa, donde aparecieron sin vida los cuerpos de madre e hija el día 17 de ese mes.
Fueron localizadas con distintas heridas de arma blanca (que no ha aparecido) y se cree que ambas fueron asesinadas la jornada anterior. Los forenses sitúan la data de la muerte entre las siete de la tarde y nueve de la noche del 16 de diciembre.
Tras el hallazgo de los cuerpos, el sospechoso se personó en dependencias policiales a requerimiento de las autoridades, y quedó detenido. Desde entonces se encuentra en prisión preventiva. Primero estuvo en la cárcel de El Dueso, en Santoña, y después y hasta la actualidad en la de Dueñas, en Palencia.
TESTIGOS, TELÉFONOS MÓVILES Y ADN DEL SOSPECHOSO Y NO DE TERCEROS
Aunque se ha declarado inocente y ha negado su participación en los hechos, José R. es el único procesado por lo ocurrido. Varios testigos le situaron en el lugar en los momentos en los que presuntamente se cometieron.
Junto a ello, los datos de geolocalización de los teléfonos móviles del hombre y de la mujer también coinciden en tiempo y espacio, situándole igualmente en el escenario del doble crimen en el momento en el que presuntamente se cometió.
Y además, la información registrada en distintos repetidores y antenas de telefonía de la zona reflejan los desplazamientos posteriores del encausado, según los cuales permaneció toda la noche en la casa -en contra también de lo manifestado por él- y se fue en torno a las seis de la mañana del día siguiente.
Frente a todo ello, los investigadores no han encontrado ADN de otras personas en el lugar de los hechos, por lo que descartan la participación de terceros en estas muertes.
Así, en la casa familiar solo hallaron restos genéticos de madre e hija y del propio sospechoso, incluso en la mantita de la pequeña, en la que apreció envuelto su cadáver.
ORDEN DE ALEJAMIENTO E INTERVENCIÓN DE LA GUARDIA CIVIL
A priori, ambos asesinatos se produjeron tras la intervención de dos guardias civiles por la llamada de la mujer ante la presencia del hombre en el domicilio, a pesar de que tenía orden de alejamiento -dictada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Santander- y que habría quebrantado, hasta dos veces en un día.
Personados en el lugar, los agentes dejaron marchar al sospechoso y por este proceder la Benemérita abrió una investigación interna y un expediente -también a un sargento- que acabó en sanción a los tres efectivos implicados.
Posteriormente, la Audiencia Provincial de Cantabria rechazó que se impute por un doble delito de homicidio por imprudencia profesional a los tres efectivos.
