El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí calificó este martes "como decisión desafortunada" el desbloqueo de 50 millones de euros por la Comisión Europea (CE) para financiar a la UNRWA y aseguró que aportará pruebas de la supuesta conexión entre Hamás y empleados de la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos.

"En las próximas semanas, Israel presentará toda la información que posee a los países patrocinadores y a las comisiones de investigación de la ONU", afirmó hoy el portavoz de la cartera de Exteriores, Lior Haiat, tras lamentar la decisión.

"Las informaciones sobre la implicación de empleados de la UNRWA en la masacre del 7 de octubre, la presencia masiva de funcionarios de Hamás en la organización, incluso en puestos directivos, y el uso extensivo de los activos de la agencia con fines terroristas se acumulan y aumentan día a día", añadió Haiat, pese a que la ONU insiste en que Israel todavía no ha compartido ningún evidencia.

Ayer, el Ejército israelí reveló ante los medios dos conversaciones telefónicas de dos supuestos profesores de escuelas de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), en las que revelan su participación en el ataque del 7 de octubre.

"Más de 450 miembros de organizaciones terroristas de la Franja de Gaza, principalmente de Hamás" trabajan para UNRWA, concluyó el Ejército basándose en los servicios de inteligencia.

La Comisión Europea anunció el viernes, 1 de marzo, que entregará a la UNRWA 50 millones de euros, de los 82 asignados en 2024, además de 68 millones adicionales en 2024 para apoyar a la población palestina en toda la región, que se ejecutarán a través de socios internacionales como la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Ese mismo día, el jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, aseguró que el apoyo de la CE llega "en un momento crítico" y señaló que permitirá "prestar servicios esenciales y salvar vidas" en Gaza.

Un total de 18 países anunciaron a finales de enero que suspendían sus fondos a la UNRWA a raíz de que Israel acusara a 12 miembros de la organización en la Franja de haber participado en los ataques del 7 de octubre, a lo que la organización respondió rescindiendo sus contratos y abriendo una investigación.

Entre los países que suspendieron fondos figuraban sus principales donantes como EE.UU., Canadá, Alemania o Japón, privando a la agencia de más de la mitad de su presupuesto en plena respuesta de emergencia en la guerra en la Franja de Gaza.