Las comunidades autónomas y los ayuntamientos, especialmente los más turísticos, trabajan en medidas de ordenación de la oferta alojativa, sobre todo con limitaciones a la vivienda de uso turístico (VUT), y en menor medida, con tasas semejantes a las de Cataluña o Baleares, además de con moratorias en la construcción de nuevos hoteles.
Las restricciones al turismo, fundamentalmente en las zonas más saturadas, están en el debate social por el impacto en la vida de las ciudades y el precio de la vivienda para los residentes locales, asuntos que habían asomado antes de la pandemia pero que ha ido cobrando fuerza por la intensificación de la pulsión viajera.
La última polémica se abrió en Sevilla donde el alcalde, José Luis Sanz (PP), planteó cerrar la Plaza de España, uno de los principales reclamos turísticos de la capital andaluza, y cobrar entrada a los visitantes.
También es reciente, de la semana pasada, la prohibición en San Sebastián de los grupos de turistas de más de 25 personas circulando por la ciudad y de usar megáfonos para los guías.
Las herramientas para ordenar la llegada de viajeros son las limitaciones a la construcción de nuevos hoteles, como es el caso de Cataluña o San Sebastián, la regulación de las VUT o la imposición de tasas turísticas, medida esta última muy criticada en el sector hotelero.
El contrapunto es Melilla, donde uno de los objetivos del gobierno regional (PP) es el desarrollo turístico, mediante bonos que subvencionan el 75 % del precio del billete y parte del alojamiento a los visitantes.
El grueso de las actuaciones se centra en las seis comunidades autónomas con mayor presión turística -Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid- aunque otras como Asturias y las ciudades de San Sebastián y algunas gallegas tratan también de anticiparse al problema.
Preservar el equilibrio entre residentes y turistas
La alianza turística Exceltur -en la que están grandes del sector como Meliá e Iberia, entre otros- entiende que los destinos tendrán que tomar decisiones sobre afluencia que no se habían planteado hasta ahora, dijo a EFE su director de Estudios, Óscar Perelli, que añade que es necesario preservar el equilibrio entre residentes y turistas, y corresponde a los gestores públicos diseñar las herramientas pertinentes.
Según los datos de Exceltur, en 2023 había en España 299.000 VUT, un 5,5 % más que en 2022, aunque se observan caídas importantes respecto a los datos prepandemia en ciudades que han establecido limitaciones (Barcelona, Palma de Mallorca, Ibiza, San Sebastián y Santiago de Compostela).
Cataluña: tasa y congelación de licencias
Cataluña, el principal receptor de turistas extranjeros (18,2 millones), a los que se suman 23,7 millones de viajes nacionales en 2023, con 7,9 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)-, es también la comunidad donde más patente es la turismofobia. Desde 2012 carga una tasa turística sobre estancias en establecimientos turísticos.
Barcelona limita la apertura de nuevos hoteles en el centro y varias zonas de la ciudad, aunque el nuevo ayuntamiento (PSOE) se ha abierto a permitir algunos que se consideren singulares. La ciudad tiene congeladas las licencias para pisos turísticos desde 2014.
Baleares, la más activa en limitaciones
En Baleares -que en 2023 recibió 14,4 millones de extranjeros y casi 3,6 millones de viajes de nacionales con una población de 1,2 millones- hay una moratoria desde la pasada legislatura (con gobierno liderado por el PSOE) que impide ampliar las plazas turísticas, pero el actual gobierno autonómico (PP), ha anunciado que la derogará y trabaja en ello con los cuatro 'consells' insulares, que tienen las competencias.
El Gobierno regional acordó con las grandes navieras limitar los cruceros que pueden atracar en el puerto de Palma a tres al día (solo uno puede tener capacidad superior a los 5.000 pasajeros), que está vigente hasta fin de este año.
En Palma desde 2018 está prohibido el alquiler turístico en pisos (viviendas plurifamiliares) y en Formentera está limitada la entrada de vehículos desde 2019, con un máximo para esta temporada de 10.375 vehículos, un 4 % menos que en 2023.
Canarias ya trabaja en la regulación
En Canarias -con 13,9 millones de entradas de turistas extranjeros en 2023 y 7,1 millones de nacionales para 2,2 millones de habitantes- no hay restricciones para acceder a los espacios turísticos pero sí un debate sobre la necesidad de limitarlo en lugares como el Parque Nacional del Teide.
El nuevo ejecutivo salido de las elecciones de mayo (Coalición Canaria y PP) descarta la tasa turística propuesta por el anterior gobierno (PSOE). Ahora está tramitando una nueva normativa reguladora de las VUT, el 36 % de las plazas alojativas de las islas.
En Lanzarote, el anterior Cabildo (PSOE) se comprometió a declarar la isla "saturada turísticamente" y a no se seguir creciendo en plazas pero también allí el cambio de gobierno frenó los planes y el actual Cabildo (CC y PP) lo rechaza.
Sevilla quiere cerrar la Plaza de España
En Andalucía -con 12,2 millones de extranjeros en 2023, 31,8 millones de viajes nacionales y 8,6 millones de habitantes- la mayoría de las capitales están a favor de la tasa turística, siempre que se aplique con consenso, mientras que Jaén o Huelva la descartan.
Lo más novedoso es la propuesta del alcalde de Sevilla de cerrar la Plaza de España y cobrar entrada a los visitantes pero el ayuntamiento busca al tiempo fórmulas para limitar las VUT.
También la Junta ha permitido recientemente que los ayuntamientos andaluces limiten el número máximo de viviendas turísticas por edificio o por sector y trabaja con los ayuntamientos y los empresarios para negociar un acuerdo sobre la tasa turística.
La Comunidad Valenciana derogó la tasa
En la Comunidad Valenciana (10,5 millones de turistas internacionales y 18,5 millones de viajes nacionales con 5,2 millones de habitantes) el gobierno regional (PP y Vox) derogó en noviembre la tasa turística que había dejó aprobada el equipo anterior (PSPV-Compromís-Unides Podem) por considerarla una barrera a la llegada de turistas y una tasa "ideológica".
Durante estas Fallas, Compromís ha afirmado que la ciudad de València ha dejado de ingresar algo más de un millón de euros con la renuncia a esta tasa, que podría aportar 5 millones de euros al año.
Madrid prepara nueva norma
En Madrid -la sexta comunidad que más turistas extranjeros recibió en 2023, con 7,84 millones de internacionales, a los que se suman 11,95 millones de viajes nacionales para cerca de siete millones de habitantes- el Ayuntamiento (PP) está trabajando en la regulación de las VUT porque entiende que su proliferación ha demostrado que la anterior norma, de Manuela Carmena (Ahora Madrid), no ha funcionado.
País Vasco: muy activo San Sebastián
En el País Vasco, el Ayuntamiento de San Sebastián (PNV) suspendió en marzo de 2023 la concesión de nuevas licencias de hoteles y pisos turísticos hasta que se apruebe en nuevo Plan General, que tendrá restricciones.
Esta semana el consistorio ha aprobado limitar a 25 las personas en los grupos de las visitas guiadas, en las que tampoco se permitirá usar megáfonos.
El ayuntamiento de Bilbao (PNV) estudia establecer una tasa turística, aunque no ha tomado la decisión porque "no vive una situación de emergencia". Calcula que si cobra a cada turista entre 3 y 5 euros por noche puede ingresar entre 6 y 11 millones de euros.
En Galicia el BNG defiende la tasa, que rechaza la Junta
En Galicia, algunos municipios liderados por el de Santiago de Compostela (BNG) han propuesto establecer la tasa turística, a la que se opone la Xunta (PP), porque todavía no ve un grado de masificación problemático.
La capital gallega y Pontevedra (BNG en ambos casos) han adoptado limitaciones a los apartamentos vacacionales, mientras Sanxenxo o Vigo (gobernadas respectivamente por PP y PSOE) rechazan con cautela la tasa o imponer restricciones a un sector en desarrollo.
Cantabria, que cambió de signo político en las últimas elecciones autonómicas (ahora PP), trabaja desde hace meses en un nuevo decreto de viviendas de uso turístico.
El Gobierno asturiano (PSOE) impulsará la regulación de las VUT, que exigirá el consentimiento de la comunidad de vecinos, y en Gijón se aprobó en enero la suspensión durante un año de la concesión de licencias para estas viviendas en las zonas con una mayor presión turística.
En Castilla-La Mancha, el ayuntamiento de Toledo trabaja en una ordenanza para regular estas casas. La propuesta inicial del anterior gobierno local (PSOE), establecía que no podrían superar el 20 % de las viviendas pero el actual equipo de gobierno (PP-VOX) dice que puede variar.
En el resto de las comunidades no perciben, en general, tensiones con el turismo.
