No hace mucho se publicaba un artículo titulado Nuevas Agencias para perpetuar la clientela, a propósito de la aprobación, por parte del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, de un Decreto Ley (el 5-2010 y otro posterior 6/2010) que, además, con la mayoría absoluta, el Parlamento Andaluz refrendó la creación de nuevas agencias públicas.
Ayer en Sevilla cientos de voces del Campo de Gibraltar se unieron a otras decenas de miles, todas ellas de empleados públicos de la Junta de Andalucía, en una enorme manifestación contra este atropello, no sólo para quienes trabajan para la función pública, sino también para toda la ciudadanía andaluza.
Dos aspectos esenciales que justifican el contundente rechazo de los manifestantes son la privatización de múltiples áreas de la administración pública y la consumación mediante “funcionarización” de miles de puestos de trabajo obtenidos a dedo y por enchufismo.
En consignas, gritos, octavillas y cánticos, el sentir multitudinario se manifestó en la repulsa a maniobras claramente electoralistas, precisamente cuando el barco socialista hace aguas por múltiples partes.
Ni siquiera el modélico apoyo de CCOO y UGT al Gobierno socialista del señor Griñán en estas nocivas intenciones han distraído a los cientos de miles de empleados públicos andaluces de la “jugada” que sólo se explica por la premura de dar solución definitiva a los puestos de trabajo creados casi ex profeso a simpatizantes, amigos y familiares.
Además de consolidar el “fraude” en la contratación, la nueva normativa permite una mayor “presión política” en la Administración al estar formada ésta por trabajadores contratados y, por tanto, en condiciones menos estables y más susceptibles de ser presionados por los políticos para tomar las decisiones que a ellos les interesen. Por otra parte, se dejan vacías de contenido, en buena medida, las actuales administraciones públicas, perdiendo transparencia el sistema administrativo público.
Ya recordábamos como la Cámara de Cuentas ha venido denunciado que las contrataciones de los entes instrumentales de la Junta de Andalucía se realizan sin publicidad y que la gestión de fondos no está sometida a control alguno. No se publican en BOJA las ofertas de empleo de FAFFE, UTDLTE, FASS, FAISEM, FADAIS, EGMASA, Escuela de Salud Pública de Andalucía, entre otras, siglas todas ellas que pertenecen a empresas públicas donde se ha venido utilizando la figura del contrato menor (no precisa publicidad) para contratar a dedo a sus enchufados vía asistencia técnica, etc.
Al final del camino, llegamos a la política partidaria como el auténtico cáncer de nuestra democracia, ya que después de décadas ha conseguido el mayor descontento nunca antes acumulado, tanto de funcionarios (que están para velar por el interés general), como de ciudadanas y ciudadanos que asisten asombrados al mayor de los estipendios de fondos públicos, y que ha sido realizado en clave electoralista.
Si algo queda de inteligencia, toca al Gobierno socialista andaluz dar marcha atrás en este desaguisado, escuchando las diversas aportaciones y en un proceso sosegado y consensuado modernizar la Administración pública andaluza, dotándola de independencia del poder político y afianzando el carácter de titularidad pública de todos los servicios que se prestan a la ciudadanía.
