Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido a 14 personas acusadas de operar como un grupo criminal dedicado a la producción industrial de marihuana en casas de lujo de la comarca barcelonesa del Maresme, y que luego vendían en el mercado negro.

Según ha informado este martes la Policía de la Generalitat, el 13 de marzo se llevó a cabo la explotación de la investigación, en la que se detuvo a 14 personas y se llevaron a cabo seis entradas y pesquisas en domicilios de la comarca.

Los investigadores decomisaron 110 kilos de cogollos de marihuana aptos para la venta, 7.000 plantas de marihuana en distintos estados de floración y cinco vehículos de la organización, tanto de alta gama como furgonetas para el transporte de la droga y materiales.

La fase de explotación de la operación continuó al día siguiente con dos nuevas entradas y registros, que sirvieron a los investigadores para recopilar más información sobre la estructura criminal.

Como consecuencia de la intervención policial, se detuvo inicialmente a 13 personas que el pasado 15 de marzo pasaron a disposición judicial.

Diez días después la cifra se elevó a 14 pues los agentes detuvieron a uno de los investigados en el Aeropuerto de Barcelona.

A los líderes del grupo les constan antecedentes en Países Bajos por tráfico de drogas antes de asentarse en España.

La organización se estructuraba alrededor de un clan familiar de origen iraní, pero con documentación de Países Bajos, aunque la mayoría de los integrantes residían en el Maresme catalán desde hacía varios años.

Los investigadores detectaron en las entradas a las plantaciones una alta sofisticación y automatización de las mismas, y además algunos de sus miembros tenían experiencia previa en el cultivo de marihuana.

Tanto las plantaciones como las viviendas de los jefes del grupo estaban ubicadas en casas unifamiliares en diversas urbanizaciones de lujo del Maresme, que alquilaban con el pago de grandes cantidades de dinero, lo que les hacía pasar desapercibidos por los efectivos policiales.

Aparte, el hecho de elegir casas aisladas de núcleos urbanos hacía que tampoco mantuvieran contactos con otros residentes de la zona.

El grupo criminal estaba liderado por varios hermanos y otros familiares directos que conformaban una estructura jerárquica rígida en la que nunca utilizaban personas ajenas al grupo para mantener su discreción.

Solo en casos puntuales requerían servicios de terceras personas poco cualificadas, como jardineros, para tareas de mantenimiento del cultivo, tratamiento de la marihuana, envase y transporte de esta para su posterior venta, actividades que supervisaba el grupo criminal.

Además, los investigadores detectaron que estos jardineros carecían de conocimiento global del entramado criminal para el que trabajaban.

Algunos investigados proveían a la organización de material y equipos especiales para la producción, mientras otros componentes del grupo controlaban varias empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria para la obtención de las casas y el alquiler de vehículos, que usaba luego la organización.

La actividad criminal mantenida en las plantaciones se determinó en virtud al exagerado consumo eléctrico detectado por la compañía eléctrica.

Sobre la cantidad defraudada, 17 técnicos de Edistribución colaboraron para comprobar las conexiones a la red eléctrica, y en todas las inspecciones detectaron conexiones ilegales que comportaron 1,53 gigavatios/hora (GWh) de energía defraudada, por un valor de 383.469 euros, equivalente al consumo de una población de 438 viviendas.