Cae en Málaga una trama que estafó 1,8 millones a 155 extranjeros con multipropiedad

La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Málaga una organización criminal que estafó más de 1,8 millones a 155 extranjeros, la mayoría jubilados, con falsas ofertas de adhesiones a clubes vacacionales y derechos de multipropiedad.

En la operación han sido detenidas siete personas y, una octava se encuentra investigada, por su presunta participación en un delito continuado de estafa y se han bloqueado 2,5 millones de euros en cuentas bancarias.

Además, se han llevado a cabo media docena de registros en domicilios de Málaga, Fuengirola, Marbella y Estepona y otros dos en sedes empresariales de Mijas Costa, según ha informado este viernes la Policía en un comunicado.

La investigación se inició gracias a la denuncia colectiva de los perjudicados, representados por un mismo abogado, y cifra el fraude en 1.832.541 euros.

La organización captaba a las víctimas en congresos organizados por la propia red donde les ofrecía la adhesión a clubes vacacionales con una amplia gama de ventajas, a cambio de la cesión de los derechos de multipropiedad de los que disponían los inversores.

Además, las ofertas llevaban aparejadas el supuesto compromiso de la devolución de las cuotas iniciales y anuales abonadas, en un cheque de reembolso, tras completar la permanencia de 36 o 54 meses.

Con el paso de los meses, los clientes se percataban de que las ofertas eran inexistentes, lo que generaba numerosas quejas.

A raíz de estas incidencias, la red "ideó una transformación de su propia estafa, migrando las empresas ya existentes desde actividades de ocio a un servicio de reclamación jurídica" para asistir a los estafados en la recuperación del dinero aportado, señala la Policía.

Las pesquisas de los agentes han permitido dilucidar una compleja trama de sociedades mercantiles, diseñada desde Gran Bretaña y España, e incluso países no cooperativos en materia fiscal y tributaria, con la intención de ocultar y dificultar la trazabilidad del dinero defraudado.

El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ordenó el bloqueo de 2,5 millones de euros en diferentes cuentas bancarias relacionadas con los investigados.