Concluyen los expedientes de indultos de Griñán y otros 7 condenados por el caso ERE

La Audiencia de Sevilla ha concluido los expedientes de indultos solicitados por el expresidente andaluz José Antonio Griñán y otros siete ex altos cargos socialistas condenados en la denominada pieza política de los ERE, la que dirimió cómo se distribuyeron desde el Gobierno andaluz las ayudas sociolaborales.

La Sección Primera de la Audiencia, tras emitir un informe en relación a cada una de las peticiones de indulto, da por completado el expediente de indulto de los ocho condenados y acuerda remitirlos al Ministerio de Justicia, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Sin embargo, los informes elaborados por el tribunal no han sido notificados ni a la Fiscalía ni a las partes y únicamente se han remitido al Ministerio de Justicia, por lo que aún se desconoce su contenido.

El pasado 5 de abril se conoció que la Fiscalía Anticorrupción se opone a la petición de indulto de Griñán, condenado a seis años de prisión por el caso de los ERE, y de los otros siete ex altos cargos condenados por malversación.

El indulto lo solicitaron, junto Griñán, los exconsejeros Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera y Antonio Fernández.

También lo pidieron los viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez, y el exdirector de la Agencia Idea Miguel Ángel Serrano.

La Fiscalía considera que no puede reconocerse la "honestidad y honradez" de los solicitantes cuando se les condena por los delitos "más graves cometidos en el seno de la Administración Pública" y en su ejecución se evidencia "un flagrante quebranto de la probidad en el ejercicio de la función pública.

"Los fines retributivos, de prevención y rehabilitación de las penas no justifican, ni permiten la concesión de un indulto parcial", añade.

La Fiscalía indicó que la malversación tiende a hacer posible la confianza de la sociedad en el "manejo honesto" de los fondos públicos y entiende que "no debe de olvidarse que durante el mandato del acusado en los cargos ya detallados se dispuso de créditos presupuestarios para la concesión de ayudas ilegales por un importe superior a 427 millones".

Tras examinar los argumentos de la petición de indulto, "sustentada en razones de justicia y equidad", la Fiscalía Anticorrupción entiende que no guardan relación con la naturaleza y finalidad del indulto.

La Fiscalía ha recordado que el Tribunal Supremo recoge que la malversación es una forma más de corrupción política y señala que el correcto entendimiento del delito de prevaricación administrativa sólo puede realizarse desde una concepción democrática del poder público.

"La corrupción política y administrativa y la desviación de poder son incompatibles con un estado democrático de derecho, en el que han de prevalecer principios como la igualdad ante la ley, el control del poder público, la imparcialidad y la corrección en la actuación administrativa", manifiesta.