A favor de renovables, biocombustibles y nuclear, en contra del coche eléctrico y crítica contra un Gobierno que considera no hace lo suficiente por una transición justa: es la radiografía de la sociedad española a propósito de las distintas políticas públicas de transición ecológica, según un estudio publicado hoy.
El estudio, desarrollado por la compañía Cluster 17 en colaboración con la consultora beBartlet, analiza las opiniones de los ciudadanos españoles en relación con la transición ecológica y concluye además que cerca de un tercio de la población española es negacionista climática (la preocupación por este problema es de un 6,9 en una escala de 1 a 10) y que 3 de cada 4 ciudadanos piden dar prioridad al agua en agricultura frente a otros usos.
Los resultados del estudio revelan "una sociedad española dividida en cuestiones medioambientales, con profundas brechas políticas e identitarias", según el socio y presidente de beBartlet, Jofre Bosch, pero ayudan a “comprender mejor cómo se estructura la demanda política y social de la ciudadanía, así como predecir comportamientos y actitudes de cada espacio político”, de acuerdo con el presidente de Cluster 17, Jean Yves Dormagen.
Para facilitar el análisis, el sondeo define previamente un total de 16 grupos homogéneos de personas que comparten el mismo sistema ideológico: multiculturalistas, progresistas, laboristas, antisistema, republicanos, socialdemócratas, enfadados, eclécticos, arraigados, conservadores, liberales, antiasistencialistas, autoritarios, tradicionalistas, antiintervencionistas y patriotas.
Renovables..., y también nucleares
Un 80 % de las personas consultadas cree que el despliegue renovable debe ser "ordenado" y revertir beneficios y un 69 % opina que su desarrollo es "imperativo para luchar contra la crisis climática".
En ese sentido, un 80 % está a favor de la instalación de nuevos parques solares fotovoltaicos, aunque menor aceptación tiene la de turbinas eólicas en montes que, para un 41 %, causa más inconvenientes que beneficios a los municipios donde se construyen.
La mayoría de la población española (58 %) está a favor de la extensión del funcionamiento de las centrales nucleares actualmente operativas en España y también (52 %) de la apertura de nuevas infraestrcucturas de este tipo, aunque igualmente apoyan (64 %) un impuesto extraordinario a los ingresos e las empresas energéticas que aparecen como "actor clave en la transición ecológica".
No a los coches eléctricos
Un contundente 84 % se muestra a favor del uso y desarrollo de los biocombustibles, mientras que una mayoría más reducida (57 %) descarta los coches eléctricos como una buena solución para luchar contra el cambio climático y, en este caso, la mayoría de los escépticos hacia este tipo de vehículos son los más jóvenes.
Las críticas hacia el coche eléctrico son abrumadoras: el 94 % atestigua que la actual red de puntos de recarga eléctrica en España "no permite conducir con la misma autonomía que con un coche convencional" y el 85 % se queja de que las administraciones "no brindan el apoyo necesario para adquirir uno", dado su elevado precio.
Además, un 52 % cuestiona la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones porque está en contra de cobrar una tasa a los vehículos más contaminantes que quieran acceder al centro de las ciudades.
También en relación con el transporte, el 57 % es partidario de eliminar los vuelos internos de menos de dos horas y media, "siempre que exista una alternativa ferroviaria".
Críticas a la gestión del Gobierno
Casi 7 de cada 10 ciudadanos (un 67 %) cree que el Gobierno no está haciendo todo lo posible para propiciar la transición energética hacia las renovables y, de hecho, un porcentaje similar (68 %) califica de "mala" la política llevada a cabo por el ejecutivo de Pedro Sánchez contra el cambio climático.
También un amplio 60 % se muestra en contra de obligar a los propietarios de viviendas a realizar obras para mejorar la eficiencia energética, mientras que un aún mayor 74 % lamenta el poco apoyo a la agricultura, "una actividad esencial" para la cual "se debería tomar todas las medidas necesarias para que pueda disponer de agua frente a otros usos menos prioritarios" incluso en el caso del regadío.
Igualmente, un 54 % está en contra de prohibir la construcción de piscinas privadas para ahorrar agua y un 74 % contra la restricción del uso doméstico de este recurso, para dar prioridad a otras actividades como las turísticas.
El informe fue presentado en la sede de beBartlet de Madrid y ha sido elaborado entre el 2 y el 4 de este mes de abril sobre las opiniones de más de 1.500 personas mayores de 18 años y con derecho a voto.
