En una estrategia política perfectamente planificada para ir sorteando los negros nubarrones de la crisis económica y su negativa incidencia en la opinión pública, el Gobierno ha decidido pisar el acelerador en una cuestión que también tiene un importante impacto social, como es el aborto. El ejecutivo apuesta por una nueva ley que podría estar en el Congreso el próximo mes de junio. Aunque los portavoces gubernamentales insisten en hablar de una ley de plazos, por algunos de los contenidos de la reforma que se van conociendo, esa denominación es un puro eufemismo y sería más exacto hablar de la instauración del aborto libre.

La nueva ley en la que trabaja la comisión de expertos designada por el Gobierno e integrada en su totalidad por personas partidarias del aborto, contemplaría el aborto libre hasta la semana 14 de la gestación, ampliable hasta la 22 en los supuestos de malformación del feto o de riesgos para la salud de la madre. En el caso de las menores de edad, la reforma de la ley plantea que puedan abortar sin autorización de sus padres o tutores, a partir de los 14 años, si los médicos consideran que tienen “suficiente madurez”. ¿Es o no es esto aborto libre?
Un informe del Ministerio de Sanidad de hace menos de un mes señalaba que en el 2007 se habían llevado a cabo en España 112.138 abortos, de los que el 13,79% habían sido en chicas menores de 19 años y en la franja de los 15 a los 29 años, ese porcentaje se disparaba hasta el 50%. Dicho informe dio pie para que una vez más se hablara del gran fracaso que supone el aborto y para que mucha gente se preguntara que se podía hacer para evitar llegar a esta situación. Los buenos propósitos, en el caso de algunos, duran muy poco, porque es evidente que la solución no puede ser en ningún caso el aborto libre como pretende el PSOE. Ni este partido llevaba esta cuestión en el programa con el que se presentó a las últimas elecciones ni, sobre todo, constituye una prioridad de la sociedad.

Al albur de las cifras de abortos que se dan en España y de la edad cada vez más joven de las chicas que deciden abortar, se puede decir que la reforma que está decidido a sacar adelante el Gobierno supone, lisa y llanamente, jugar con fuego. Si a eso se añade la banalización que desde diferentes instancias se hace del sexo; de la concepción de las relaciones sexuales como un mero instrumento de placer, los resultados saltan a la vista. Al final, lo que se consigue es una sociedad muy debilitada en sus fundamentos éticos y morales.
Y por encima de todo uno no puede olvidarse del “nasciturus” cuyo derecho fundamental, el derecho a la vida, es atropellado cada vez que se practica un aborto. El artículo 15 de nuestra Constitución es muy claro al respecto: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos y degradantes”. ¿Recuerdan las imágenes de los fetos triturados y arrojados a la basura en algunas clínicas abortivas de Madrid y Barcelona? ¿Quién defiende a esas criaturas?