Tres lustros después de la denuncia por un supuesto cobro de comisiones a empresarios en Mercasevilla situada en el origen de la investigación sobre los ERE, la pieza política de esta macrocausa que condenó a ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía afronta su último capítulo en el Tribunal Constitucional.
Esta corte de garantías ha iniciado esta semana un pleno para abordar los primeros de los doce recursos de amparo contra la sentencia de los ERE de Andalucía.
El pleno del Constitucional ya ha rechazado este lunes por unanimidad el del extitular de Empleo José Antonio Viera, al entender que su demanda plantea una vulneración de derechos fundamentales en términos genéricos, sin explicación alguna o desarrollo argumental.
Resuelto este recurso de Viera, el pleno deliberará sobre el recurso de la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez a partir de un borrador de la vicepresidenta del TC y ponente, Inmaculada Montalbán, que propone anular su condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación.
Sistema ilegal de subvenciones
La pieza política de los ERE giró en torno a la creación y mantenimiento de un presunto sistema ilegal de subvenciones que se prolongó durante más de una década (2000-2011) para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, que permitió el reparto arbitrario de hasta 680 millones de euros.
Tras un primer pronunciamiento en 2019 de la Audiencia de Sevilla que condenó a 19 ex altos cargos, hace casi dos años el Supremo avaló el criterio del tribunal sevillano respecto a la condena de seis años de cárcel por malversación y prevaricación al expresidente andaluz José Antonio Griñán, y de nueve de inhabilitación por ese último delito para su antecesor, Manuel Chaves.
Además del mantenimiento de las condenas a estos dos expresidentes y a otros destacados exdirigentes, como la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez, condenada a inhabilitación, el Tribunal Supremo absolvió a tres ex altos cargos de Empleo que ocuparon la Secretaría General Técnica.
Al que fuera director general de Trabajo entre 2009 y 2010 Juan Márquez, quien sucedió a Francisco Javier Guerrero -fallecido en 2020 y cuyas declaraciones fueron clave-, le rebajó la condena, por la atenuante de reparación del daño, de siete a tres años de prisión y de 18 a 7 años y medio de inhabilitación por delitos de malversación y prevaricación.
Indultos y tercer grado
De todos los condenados a cárcel por la pieza política, que dirimió cómo se distribuyeron desde el Gobierno andaluz las ayudas sociolaborales, el único que no ha llegado a entrar en prisión ha sido Griñán, quien tiene suspendida por un plazo de cinco años la ejecución de su condena debido al cáncer que padece.
Además, el expresidente andaluz sigue a la espera de que se resuelva el indulto que solicitó al Gobierno junto a otros siete ex altos cargos socialistas.
El indulto lo solicitaron, junto a Griñán, los exconsejeros Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, además de los exviceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez, y el exdirector de la Agencia Idea Miguel Ángel Serrano.
De todos ellos, Martínez Aguayo fue la primera en ingresar a finales de diciembre de 2022 en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), de la que ha salido recientemente al obtener el tercer grado, un beneficio penitenciario del que también goza José Antonio Viera.
En el caso del exconsejero de Empleo el tercer grado respondió a motivos de salud, por lo que quedó sujeto -al igual que actualmente Martínez Aguayo-, a un centro de inserción social.
