“No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad”. Aristóteles.
Tras aquellos cinco días de abril de reflexión por parte de Sánchez éste, librado de dudas, anunció darse a sí mismo cien días para perfilar un paquete de medidas cara a potenciar la regeneración en materia de calidad democrática y, en este sentido, su anuncio hay que tomárselo en serio porque cuando el marido de Begoña dispara no lo hace al aire. Gusta tanto ser original que actúa como nadie espera, ante lo cual sus decisiones nunca son las obvias y esto, quizás, le ha librado de otro final. La llamada Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación, que realmente es el Reglamento Europeo 2024/1083 de 11 de abril de 2024 por el que se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior, le ha venido como anillo al dedo y todo hace indicar que estaba esperando su aprobación para aplicarla normativamente, algo a lo que obliga el mismo Reglamento a todos los Estados miembros y bajo la excusa de esa obligación anuncia un paquete de medidas para regenerar nuestra democracia. Con dos objetivos claros: los medios y pesudo medios de comunicación y, de paso, el poder judicial. Nadie duda que son dos elementos de vital trascendencia para la salud democrática, importancia que es directamente proporcional al riesgo de que el resultado sea lo contrario si se sobrepasan líneas rojas apurando el control.
La renovación por vía alternativa del CGPJ forma parte de esta reestructuración. Demasiados años con los miembros caducados en contra de la Constitución y de la Ley que lo regula. No parece razonable la excusa del PP apelando a que es necesario cambiar la Ley que determina el control político del CGPJ porque el texto actual fue aprobado por el gobierno de Rajoy. El PP no cede y no cede porque no es lo mismo tener -cierto- control sobre el máximo órgano de decisión judicial que no tenerlo o, aún peor, que lo tenga tu adversario. El tema de la justicia lleva años siendo uno de los ámbitos de mayor desafección de los ciudadanos y, si somos honestos, no es nuevo que una gran mayoría manifieste dudar o directamente no creer en la justicia, sobre todo cuando afecta al entramado político. El mundo judicial debería asumir esto y ser el primero interesado en que la sociedad no dude de él y no por miedo, sino por convicción. Es el tercer poder, el que debe aplicar las leyes y el que debe dar seguridad jurídica respecto al derecho fundamental de la presunción de inocencia y respecto a las consecuencias de los actos ilegales, con las mismas reglas para todos los ciudadanos en idénticas circunstancias. Y no es así.
La información es tan importante en las democracias que nuestra Constitución la defiende dentro de los derechos fundamentales bidireccionalmente, para quienes informan y para quienes reciben la información, es el Derecho a comunicar o recibir libremente información veraz. Existe un mantra asumido por una mayoría sobre que la Constitución defiende el derecho a la libertad de información, confundiéndolo con el derecho a la libertad de opinión. Cuando información y opinión son dos cosas distintas. Para nuestra Carta Magna la información ha de ser veraz y la opinión ha de ser libre. No ampara el derecho fundamental a la libre información, sino a comunicar información veraz. Matiz este, el de la veracidad, que nunca se ha puesto en valor, aunque sea exigencia de la Constitución. Ese mantra creado nos ha llevado a creer que la Constitución ampara que los medios tienen libertad para dar la información que quieran aunque sea mentira. Nuestros constituyentes tuvieron claro que es esencial para el sistema democrático que los ciudadanos tengan una opinión libre una vez cuenten con la información veraz. De lo contrario, si no se protege la información veraz, la opinión no será libre, estará manipulada por las falsedades interesadas en dirigir a los ciudadanos hacia un partido político u otro. Hay veces que la pura sensatez nos hace ver que la noticia es falsa, otras en cambio la interiorizamos sin dedicar tiempo a contrastarla. Ya dijo Goebbels aquello de “una mentira mil veces repetida, se convierte en una gran verdad”. Lo grave es cuando para formar nuestra opinión política no somos conscientes de la intoxicación de las informaciones no veraces. La aparición de los medios digitales, de las webs que se presentan como medios y de las redes, es el elemento que agrava la situación por la rapidez de difusión, por el alcance a miles de ciudadanos y por la búsqueda del click fácil para aumentar visitas y, con ello, extraer rentabilidad económica. Además de facilitar la aparición de youtubers que sin programa político consiguen un sorprendente respaldo electoral.
Aunque en España la guerra entre PP y PSOE parece no tener solución, en la UE es otra cosa. PP-Europeo y los socialdemócratas toman decisiones y aprueban normas, se necesitan mutuamente, confluyen en políticas y consensuan, haciendo un frente común a los extremos. Producto de esto es el Reglamento por el que se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior, que en el Consejo Europeo sólo tuvo en contra el voto de Hungría, cuyo Primer Ministro, Viktor Orbán, forma parte de la ultraderecha más radical. Y en el parlamento europeo el nuevo reglamento nacido del PP-E consensuado con el grupo socialista encontró la oposición de la mayor parte de los eurodiputados de los grupos ultraderecha, entre ellos la mayoría de los Reformistas Europeos (ECR), al que VOX pertenece, y del grupo de Identidad y Democracia (ID), que votaron en contra. La votación es reflejo de que para el PP-E y para los socialistas la gran amenaza es el avance de la ultraderecha que se sirve del populismo usando en gran medida noticias falsas y bulos. El reglamento europeo destaca: “Los servicios de medios de comunicación independientes desempeñan un papel único en el mercado interior, facilitan el acceso a una pluralidad de puntos de vista y a fuentes de información fiables tanto para los ciudadanos como para las empresas, con lo que cumplen la función de interés general de «guardianes públicos» y constituyen un factor indispensable en el proceso de formación de la opinión pública”.
El Reglamento se centra en que los medios de comunicación necesitan protección para ser independientes, no tener que depender financieramente de administraciones públicas ni de partidos políticos, ni verse amenazados por ellos. “Sin esta protección, la libre circulación de las fuentes hacia los prestadores de servicios de medios de comunicación podría verse disuadida y, por tanto, podría obstaculizarse el libre ejercicio de la actividad económica por parte de los prestadores de servicios de medios de comunicación, en detrimento de la puesta a disposición del público de información, también acerca de asuntos de interés general. Como consecuencia, la libertad de los periodistas de ejercer su actividad económica y cumplir su papel vital de «guardianes públicos» podría verse amenazada, lo que repercutiría negativamente en el acceso a los servicios de medios de comunicación de calidad”; “Mientras las empresas de medios de comunicación independientes pueden invertir sus recursos en información de gran calidad que cumpla con normas deontológicas en materia periodística, determinados prestadores del servicio público de medios de comunicación «captados» que no respetan dichas normas podrían proporcionar información sesgada”; “La ventaja competitiva que los medios de comunicación independientes pueden lograr gracias a la información independiente podría verse mermada debido a que los prestadores del servicio público de medios de comunicación «captados» podrían mantener su posición de mercado de forma indebida”; “Los mercados de los medios de comunicación que están politizados pueden afectar a los mercados de publicidad en general, puesto que las empresas deben tener en cuenta el elemento político aparte de diseñar campañas publicitarias eficaces”.
En resumen, el Reglamento europeo se presenta con la finalidad de proteger a los medios de comunicación para que puedan ofrecer información veraz sin tener que depender de influencias políticas que les capten por medio de financiación, también protegerles de la competencia desleal de los pseudo medios que operan ventajosamente en el mercado por contar con menos costes. Este objetivo guarda relación con la finalidad principal, la que más preocupa al PP Europeo y a los socialdemócratas, que se elimine el uso de la información contaminada políticamente, las fakes news y los bulos. Ocurre que el Reglamento, si se hubiera centrado en esta finalidad, se hubiera tomado como un objetivo de censura de los medios, por ello sólo se deja caer de forma muy discreta la importancia de que los ciudadanos reciban información veraz y se presenta como un Reglamento protector de los medios de comunicación.
Inteligente ecuación la que este Reglamento contiene: hay que proteger a los medios para que puedan ser independientes, hay que protegerles de las discriminaciones en la financiación pública, que les hacen ser dependientes del partido que las gobierna y hay también que protegerles de los pseudo medios que le quitan cuota de mercado. Una vez los Estados implanten las medidas necesarias para ello, el resultado será que la ciudadanía recibirá información veraz para su libre formación de la opinión. Teóricamente es perfecta la ecuación, el problema es que no hay partido político que no necesite a los medios y a las redes, la comunicación es esencial y hay que pagarla y no siempre la información veraz les sirve en sus guerras políticas y, también, cuesta creer que los grandes grupos empresariales de comunicación renuncien a sus status financieros actuales. En cualquier caso, es necesario, vital, frenar la deriva actual.
Las medidas se plantean alrededor de la transparencia, en los Estado de los países de la Unión se debe crear una base de datos con información sobre quién es el propietario de cada medio de comunicación para determinar y dejar claro quién está detrás de ellos y deberán, al mismo tiempo, informar de los fondos recibidos de todas las administraciones públicas, cuyos contratos de publicidad deben cumplir con el principio de no discriminación, con requisitos de adjudicación iguales para todos. Por tanto, el gasto en publicidad estatal, autonómica o municipal deberá ser público a partir de agosto del 2025. También se regulan los medidores de audiencia porque quien hace el medidor hace la trampa. Medir la calidad del visitante por el tiempo que pasa en la web o su procedencia, establecer la influencia del medio por la actualización y el rigor de su información, por una plantilla regularizada, por su regularidad fiscal y en materia de recursos humanos para que, todo unido, derive en una información veraz y correcta, al margen de sus tendencias, es el gran reto del presente, tanto en España como en Europa.
Una sociedad bien informada es incuestionablemente una sociedad mejor y para ello tanto las empresas como, sobre todo, los políticos deben hacerse transparentes porque la transparencia y la regularidad es el único camino posible y, en este sentido, Europa, una vez más, marca el paso que le sirve a Sánchez para adelantarse con un paquete de medidas a nivel nacional que en lo relacionado con los medios tiene dos objetivos: la lucha oportuna contra lo que entiende un acoso y derribo desmedido y, como segundo objetivo, arrinconar al PP en aquellas comunidades autónomas donde el uso y gasto de la publicad pública es, para el PSOE, muy cuestionable por cuanto entiende pudiera estar financiando con dinero público ciertas plataformas digitales de dudoso proceder.
Va a resultar entretenido un mundo trasparente, que nunca lo será del todo porque el escondite siempre fue el juego del hábil escurridizo. Interesante será conocer el gasto en publicidad y a quiénes se destina por cada una de las distintas administraciones y entidades públicas según el partido que las gobierne y, como no, ver también cómo reparte el Estado sus más de 500 millones de euros anuales en publicidad a través de ministerios y entidades públicas. Y estos datos armarán el relato.
