Ayuso plantea sancionar a las universidades por vandalismo, ocupación o escraches

La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, está planteando en la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades, introducir un "régimen sancionador" a los centros universitarios "frente el vandalismo, la ocupación y los escraches" para que así se mantenga el "decoro" dentro de las universidades de la región.

Estas medidas sancionadoras -económicas o administrativas- aún no se han especificado al detalle dentro de la normativa pero podrían contar con diferentes gradaciones de infracciones (leve, grave o muy grave) para establecer la sanción correspondiente a las universidades, ha explicado el consejero de Educación, Emilio Viciana, en un encuentro con periodistas.

"Estamos definiendo todavía de una manera muy amplia y genérica un régimen sancionador (...) Queremos asegurar que se mantiene el decoro y el respeto a la legalidad en los espacios universitarios", ha apuntado.

Viciana ha incidido en que será una "sanción institucional" a la universidad donde se produzcan los "incidentes", como pueden ser cortes en la vía pública o la "invasión" de edificios por parte del alumnado, a lo que ha añadido que con esta medida no pretenden frenar "la plena autonomía universitaria y la libertad de manifestación, la libertad de concentración y la libertad de cátedra".

El objetivo, según ha especificado el consejero, es crear un marco jurídico que establezca "los límites que no se pueden cruzar" y dar herramientas a las universidades para poder abordarlas ya que "su autonomía no es ilimitada" y, en ocasiones, "choca con el cumplimiento de las leyes".

Una de las preocupaciones pronunciadas por Viciana son las "acampadas", como la reciente pro Palestina en la Universidad Complutense (UCM): "Es una forma de manifestar una expresión, con eso no hay problema, pero si se cortan las vías púbicas o se invaden edificios son actuaciones que afectan al desarrollo de la actividad universitaria", ha apuntado.

Así, la Consejería de Educación apunta a que hay que garantizar la libertad de expresión "dentro de unos límites" ya que hay que asegurar el "buen funcionamiento de la vida universitaria".

Otras de las sanciones que planteará el texto será para aquellas universidades que "no cumplen con requisitos mínimos", desde titulaciones e infraestructuras, de modo que la Comunidad de Madrid tenga "margen de actuación" para garantizar "el nivel de exigencia y calidad".

Este proyecto normativo, que incluye todas las enseñanzas superiores, ya fue entregado a principio de junio a los rectores de las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Carlos III, Alcalá, Rey Juan Carlos y Politécnica) y durante este mes se presentará también a los de las universidades privadas y consejos sociales.

La intención de la Comunidad de Madrid es establecer diálogo con los entes educativos y llevar el texto definitivo de la norma a finales de otoño a la Asamblea de Madrid para su tramitación.

A continuación se desglosan otras novedades que se incorporarán en el proyecto de ley:

- Creación de un distrito único de prácticas. Esta medida tiene como objetivo una "gestión eficiente" de las prácticas para todos los alumnos y se priorizará a las universidades públicas ya que las privadas tienen capacidad para gestionarlas.

- Regulación de las escuelas de negocio. Actualmente este tipo de centros no están recogidos en ninguna normativa y la Comunidad de Madrid quieren incluirlos en el texto para regularlos y garantizar "la calidad y la exigencia", del mismo modo que se aplicaría en las privadas.

- Nivel de español para extranjeros. Se exigirá un nivel B2 de español para cursar estudios de grado, y un C1 cuando se trate de estudios de máster y programas de doctorado.

- Los Consejos Sociales de las universidades contarán con un "mandato más largo y no renovable" para dar una mayor seguridad, y se le otorgará la capacidad de nombrar al interventor del centro. Al igual que tendrá que ser requisito ser catedrático para tener el cargo de rector.