El presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obras Públicas (Ceacop), Enrique Figueroa, exigió ayer a la Junta y a los ayuntamientos andaluces el pago de la deuda que mantienen y que asciende a unos 2.000 millones de euros y hace peligrar 60.000 puestos de trabajo.

En rueda de prensa, Figueroa explicó que la Junta de Andalucía debe a las empresas del sector un total de 950 millones de euros, 600 de ellos la Consejería de Obras Públicas y Vivienda (un 90% la Agencia de la Obra Pública), seguida por la de Medio Ambiente (150 millones), Salud (90 millones) y Educación (50 millones), mientras los ayuntamientos mantienen una deuda de 1.000 millones.

Denunció que “el primero que tiene que dar ejemplo en el pago es la administración” y que si ésta “se pusiera al día, el problema de las empresas actualmente sería mucho menor”, pues “ante la falta de liquidez han ido tirando de todo el dinero que tenían y ya no aguantan más, se las está llevando al cierre”.

Si no se resuelve esta deuda, según el presidente de Ceacop, a los 200.000 empleados actuales del sector habrá que sumar 60.000 más “directamente y de forma inminente por la falta de pago”, a lo que se añade la mala perspectiva por la falta de contratación para los próximos dos o tres años.

“La administración ya nos ha dicho que nos olvidemos de la obra pública ordinaria porque no va a haber”, aseguró Figueroa, que añadió que también se les ha advertido de que “hay que cambiar el chip y nos tenemos que reconvertir en otra cosa”, lo que para él equivale a decir a las empresas “que cierren”.

Según los datos de Ceacop, a la deuda de las administraciones se suman las reprogramaciones de las obras “que no hacen más que retrasar los pagos a las empresas y aumentar el coste de las actuaciones” y la caída de la inversión en obra pública, que en 2010 se ha situado en “mínimos históricos”.

Figueroa pidió a la Junta que reconozca esta deuda, algo que no ocurre en la actualidad “porque dicen que no pueden tener más déficit y lo tienen guardado en el cajón”, de forma que “con ese documento las empresas puedan ir a la banca e intentar conseguir financiación”.

Acusó al Gobierno andaluz de ocultar la deuda “de forma deliberada” y de “incumplir la ley de Lucha contra la Morosidad, en vigor desde 2010, que la propia Administración promulga y que las empresas sí cumplen escrupulosamente”, además de no responder durante dos años a la petición de una reunión con el presidente José Antonio Griñán.

Acudirán a la Fiscalía

Ante esta situación “realmente crítica”, Ceacop va a reclamar a la fiscalía que actúe “de oficio” contra los administradores que no cumplan esa ley o que hagan “dejación de sus funciones”, y pedirá a los organismos competentes que “se proceda a la inhabilitación de los cargos públicos responsables y se persigan las responsabilidades políticas y personales en estos casos”.

La gerente de Ceacop, Ana Chocano, denunció además que en el caso de los ayuntamientos “se ha desaprovechado una oportunidad de oro”, ya que el Plan E de 2010 supuso 8.000 millones de euros en manos de las corporaciones locales que “se utilizaron para rehacer aceras y plazas ya construidas, en vez de usarse para actualizar los pagos pendientes que se les deben a los proveedores”.

Por otra parte, los empresarios andaluces tienen la “impresión” mayoritaria de que el nivel actual de impuestos no permite generar riqueza, y el 72 % de ellos consideran un “obstáculo” especialmente los de origen estatal, como el IVA, las contribuciones a la Seguridad Social y los impuestos de sociedades.


Así se desprende del estudio sobre la “presión fiscal percibida por las empresas en Andalucía”, realizado por el Instituto de Investigación, Marketing y Comunicación y presentado por el presidente de la Escuela Andaluza de Economía, Juan Salas, tras recoger, en diciembre de 2010, las respuestas de 600 empresas de más de cinco empleados de la comunidad.