El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de San Fernando y a la vez presidente provincial popular, José Loaiza García, ha pedido al candidato del PSOE, Fernando Lopez Gil que explique sus relaciones con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, en el candelero por el fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE).

Loaiza salía al paso de las declaraciones en las que la portavoz parlamentaria popular, Esperanza Oña, denuncia que Antonio Fernández, como viceconsejero de Empleo, firmó en 2002 una addenda a un convenio para financiar una prejubilación “unipersonal” en la Fábrica de San Carlos de San Fernando de la que se benefició Francisco Sánchez Reyes, concejal del PSOE desde 2007.

Con esta denuncia, los populares pretenden “desmontar” el argumento del Gobierno andaluz y del PSOE de que el caso de los ERE se “limita” a las irregularidades cometidas por el director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero.

Según el documento entregado a los periodistas por el PP tras la rueda de prensa, se trata de una addenda, firmada en 2002 y por un montante de 188.396,82 euros, con la que Sánchez Reyes se incorpora al ERE que un año antes se firmó entre la Junta y la Fábrica de San Carlos, por el que se prejubilaron 19 personas.

ERE unipersonal
“Se trata de un ERE unipersonal”, según ha explicado Oña, aunque aclaró que el PP no está denunciando que Sánchez Reyes sea un “intruso” en dicho expediente sino que desea destacar que se realizó un ERE “unipersonal” a una persona que, cinco años después “y hasta hoy”, es concejal del PSOE en el Ayuntamiento de San Fernando.

Loaiza, en una comparecencia de prensa para hablar de los terrenos militares de Camposoto, ha pedido que López Gil explique cuáles han sido sus relaciones con la Consejería de Empleo de la Junta y ha dicho que entre el supuesto caso de Francisco Sánchez Reyes y el de las subvenciones recibidas por una empresa a la que perteneció el candidato del PSOE y actual portavoz municipal, Observa, el PSOE de San Fernando está “bajo sospecha”.

No obstante y en el primero de los casos por los que pregunta Loaiza, hay que aclarar que Fernando López Gil ni siquiera era concejal cuando se desarrolló la caída y desaparición de la única fábrica de bienes de equipo de Andalucía, ya que no fue concejal hasta las elecciones de 2003.

Respuesta del PSOE
La respuesta a la portavoz parlamentaria del PP ha llegado del portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, quien ha asegurado que el expediente de regulación de empleo (ERE) en el que se incluyó en 2002 a Francisco Sánchez Reyes, trabajador de la empresa Fábrica San Carlos SA y concejal del PSOE en el Ayuntamiento de San Fernando a partir de 2007, se corresponde "estrictamente" con la legalidad.

El portavoz socialista ha explicado que Francisco Sánchez Reyes trabajó durante 20 años en esta compañía, donde fue presidente del comité de empresa y se prejubiló en 2002, “no siendo hasta 2007 cuando ostentó el cargo de concejal”. “Es una situación absolutamente normal y que se corresponde estrictamente con la legalidad”, ha apuntado Jiménez, quien ha añadido que nos encontramos “ante una nueva metadura de pata del PP, ante un disparo sin fijar el tiro y ante una acusación sin fundamento”.

Con esa declaración, al menos, aclara que Sánchez Reyes no es un “intruso” dentro del ERE que afectó a los ex trabajadores de la fábrica isleña. Y es más, sus méritos le fueron reconocidos por el resto de la plantilla.

El último en abandonar el barco
El hecho de que Francisco Sánchez Reyes, entonces presidente del comité de empresa por UGT pero ni siquiera militante del PSOE, fuera el último en cobrar a través del ERE unipersonal que ha denunciado la portavoz parlamentaria del PP de Andalucía, Esperanza Oña, tiene una explicación que se enmarca precisamente en el acuerdo global de todos los partidos políticos municipales -PP, PSOE, PA e IU- que estaban informados de todo el proceso que se estaba llevando a cabo en la larga extinción de la empresa de bienes de equipo enclavada en el corazón de la población militar de San Carlos.

Para mantener abierta la factoría los propios trabajadores se tuvieron que convertir en propietarios, exigiéndose la figura de un gestor unipersonal, cargo que recayó en Francisco Sánchez Reyes, presidente del comité y el hombre que soportó todo el peso de la negociación para asegurar los derechos laborales de sus compañeros.

El asumir ese cargo entrañaba que hasta que no se procediera a la extinción total de la fábrica, incluido el pago de los préstamos que los propios trabajadores tuvieron que solicitar y el cobro de los derechos laborales de los ex trabajadores, Sánchez Reyes no podría cobrar su parte. Y así estuvo un año más que el resto de sus compañeros no sin pasar serios apuros económicos.

Todos los partidos de acuerdo
La extinción de Fábrica San Carlos fue el final de una larga odisea a la que asistieron los últimos 200 trabajadores que quedaban de una plantilla que llegó a contar con 3.000 empleados en sus mejores tiempos. Y se hizo con el visto bueno y el apoyo explícito de todos los grupos políticos municipales de la época, que se lanzaron a la campaña electoral de 1999 prometiendo que lo primero que se tendría en cuenta en el caso de que se cerrara la fábrica serían los derechos laborales de los empleados.

Desde Carmen Pedemonte por el Partido Popular hasta María Jesús Castro por el PSOE o Antonio Moreno por el Partido Andalucista, cumplieron sus promesas y a través del Ayuntamiento se dio un paso al frente para comprar los activos de FSC con los que pagar a los ex trabajadores, sumándose a ello el resto de Administraciones en la medida en que tenían competencias, la Junta de Andalucía e incluso el Ministerio de Hacienda, que reclamaba importantes cantidades.

Quizá el desenlace no fue un ejemplo de buena praxis procedimental, pero sí fue el mayor acuerdo institucional que se podía conseguir para solventar el problema de 200 familias.