La Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) ha denunciado ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU la vulneración en España del derecho de los menores a ser escuchados en los divorcios y rupturas de pareja, obligatorio a partir de los 12 años.

España se somete a una evaluación por parte del comité de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, por la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se escucha, además de al Gobierno del país que se analiza, a organizaciones de infancia, defensores y otras entidades, como los abogados de familia.

Los letrados que intervienen en casos de rupturas, crisis familiares y divorcios reclaman que se recabe el testimonio de los menores ante cuestiones tan esenciales en sus vidas como qué padre o madre será el más idóneo para su cuidado, el sistema de guarda y custodia o cómo se desarrollará la comunicación y visitas con el otro progenitor.

"Lamentablemente, en la práctica judicial solo existe la obligación de escucharlos a partir de los 12 años y, por desgracia, no siempre se cumple esta exigencia, salvo en los procesos relativos a la sustracción de menores donde la exploración se puede llevar a cabo, aunque sean pequeños", explica desde la asociación de abogados Nerea Sologaistua, que reclama una regulación del derecho de escucha a los menores en los procesos de Familia.

Para esta asociación, "los niños, niñas y adolescentes sufren maltrato institucional porque España aprueba leyes bienintencionadas, pero luego ni se desarrollan normativamente ni se acompañan de recursos económicos y personales".

Además, reclama que la escucha no se produzca en el mismo día y hora que la audiencia del divorcio o de adopción de medidas que afectan a la familia.

Más de la mitad de los niños y niñas (55 por ciento) que acude a un juzgado por una crisis de familia comparece en la sala de vistas y el mismo día de la celebración del juicio donde sus padres litigan, con el componente de miedo, tensión y ansiedad que eso supone, destaca en un comunicado.

Solo el 6 por ciento de los menores en España expone su opinión en una sala amigable y adecuada para tal efecto, mientras un 35 % lo hace en el despacho del juez, según indica el Observatorio del Derecho de Familia de la Aeafa.