El Partido Popular, a través de la portavoz parlamentaria Esperanza Oña, tiró la piedra y escondió la mano, aunque como “daño colateral” puso en duda la honorabilidad del ahora concejal socialista Francisco Sánchez Reyes y en 2002, ex presidente del consejo de Administración de la empresa San Carlos Bienes de Equipo SL.

Pero mientras que la portavoz del PP lo ha hecho en el fragor de una batalla en la que se pretendía demostrar prácticas criticables de la Junta de Andalucía ya en 2002 y no aseguraba que Sánchez Reyes fuera un “intruso” en el ERE de Fábrica San Carlos, las declaraciones del portavoz del Partido Andalucista de San Fernado, Francisco Romero son de un tenor muy distinto.

El portavoz andalucista ha hecho las declaraciones basándose en datos parciales y asegurando algo que no había contrastado previamente; esto es, que el concejal socialista había sido el único que había cobrado dos veces, por la indemnización por despido y por el ERE que le aprobó la Junta en 2002, un año después de cerrar FSC. No lo contrastó porque no se preocupó de averiguar si sus 19 compañeros que se acogieron al ERE de 2001 también cobraron lo que el PA llama “indemnización por despido” y que no fue tal.

Los dos errores del PA, pues, han sido la calificación del dinero recibido por la empresa que compró los terrenos, Sogescar, formada por la Empresa del Suelo Isleña SA (Esisa) con un 25 por ciento del capital y Unicaja, con un 75 por ciento.

El hecho de que aparezca la empresa Sando en la información facilitada por el PA es merecedor de un estudio más pormenorizado. E incluso hay un tercer error, que es dar por cierto el hecho de que cada trabajador cobrara la misma cantidad por la venta de los terrenos recalificados por el Ayuntamiento.

Documentos en la mano
Francisco Sánchez Reyes, con los documentos en la mano, explicó a los medios de comunicación lo que ocurrió con ese ERE y el porqué del retraso. Lo primero es que según la póliza del ERE, no son 188.000 euros sino 117.709 más 23.888 euros para pagar el convenio con la Seguridad Social. Ese ERE le permitía a Sánchez Reyes cobrar algo más de 1.000 euros hasta los 60 años, cuando podía acogerse a una jubilación por la que cobra ahora 580 euros, menos el 24 por ciento.

¿Por qué en 2002 y no en 2001 al igual que a sus 19 compañeros? Pues primero, por la edad, a la que no llegaba Sánchez Reyes y segundo, porque el que fuera presidente del comité de empresa era, desde 1999, presidente del consejo de administración de una empresa privada y a todos los efectos, no un trabajador “normal”, aunque todos supieran cuáles era las circunstancias, incluido el entonces ministro de Trabajo, Javier Arenas y los abogados de FSC, el bufete de su suegro que cobró 120.000 euros por su trabajo.

Esas circunstancias eran las siguientes. La antigua Constructora Naval estaba en quiebra y los trabajadores habían agotado todas las prestaciones a través de diversos y sucesivos Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por la falta de cargas de trabajo.

Sólo podían acogerse al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), al que además la fábrica debía dinero, como también se lo debía a la Seguridad Social y ese fondo compensaba a los trabajadores, en el mejor de los casos, con un millón y medio de pesetas, con el agravante de que los terrenos, que como suelo industrial tenían un coste de tasación de unos 800 millones de pesetas, hubieran sido para los propietarios de la fábrica. Los mismos que recibieron 7.500 millones de pesetas en subvenciones de la Junta y se las gastaron, en el mejor de los casos, en maquinaria de segunda mano que no servió para nada.

Compra de la fábrica
Si todo hubiera acabado ahí, posiblemente no habría sido necesario volver a contar la historia resumidísima de la extinción de FSC, pero alguien movió los hilos para que los agraciados propietarios vascos de FSC vendieran por una cantidad simbólica -no de muy buen grado- la propiedad a los trabajadores, con el fin de que crearan su propia empresa con el único objetivo de vender los activos y repartir el dinero entre los trabajadores.

Y ahí es donde comienza la andaduda de Francisco Sánchez Reyes y seis compañeros más como ‘empresarios’, reciben el apoyo del Ayuntamiento de San Fernando para la recalificación de los terrenos a residencial, tasándose ya en 1.900 millones de euros, que era lo que hubieran percibido los trabajadores en circunstancias normales de despido.

No hay que dejar atrás los 19 ERE que se firmaron en 2001 a través del Instituto Nacional de Industria (INI), que además estaba bien engrasado para realizar este tipo de operaciones, limpiar las empresas de activos poco atractivos para los futuros compradores y luego venderlas, como hizo con muchas de las compañías estatales que resultaban históricamente gravosas. Además de ayudar a empresas con problemas.

Sánchez Reyes, mientras tanto, además de haberse convertido en empresario ocasional e instrumental, seguía gestionando lo que quedaba que la fábrica, que eran los activos, la maquinaria, que fue vendida luego a Ferbosa, una empresa catalana, bajo la supervisión del propio Sánchez Reyes y otros compañeros del consejo de administración, entre ellos Sebastián Gómez.

Con el dinero que se recaudó en la subasta de la maquinaria -además de pagarse los gastos de vigilancia de las instalaciones y otros más, se abonó la deuda con el Fogasa y luego los abogados se encargaron de finiquitar la empresa definitivamente.

De nuevo un trabajador
Hasta entonces no se pudo hacer el ERE unipersonal para Francisco Sánchez Reyes, entonces con la Junta como administración competencial de las políticas de empleo -que venía a cubrir el total de los 20 ERE que se habían pactado- a través de la famosa addenda de 2002 y de la que ya se ha mencionado lo que cobró Sánchez Reyes.

En cuanto al reparto del dinero que se cobró por la venta de los terrenos, los 1.900 millones y que Sogescar pagó en tres plazos, no se hizo de forma lineal, sino en función de lo que les hubiera correspondido a cada trabajador en circunstancias normales, según su categoría, su antigüedad y todos aquellos aspectos diferenciales. Y no el cien por cien, sino algo más del 90 por ciento.

Evidentemente y en contra de lo que asegura el portavoz del PA, los 19 trabajadores que se acogieron al ERE en 2001 también cobraron su parte proporcional del reparto por la venta del terreno, que no era una indemnización sino lo correspondiente a su participación en la propiedad de la fábrica, teniendo en cuenta todas las circunstancias en que se habían desarrollado sus respectivas soluciones. O sea, como todos los demás.

¿Irregularidades? Todas las que se quieran encontrar
Hay algo que sí se puede decir a estas alturas sobre la extinción de Fábrica San Carlos y que ya este periódico adelantaba hace dos días. Si se quieren encontrar irregularidades en la gestión del cierre y venta de los activos, se encuentran por doquier, pero estarán en medio prácticamente todas las administraciones, tanto por acción como por omisión, incluidas las que condonaron deuda que en circunstancias normales no lo hubieran podido hacer por ley.

Como ya se dijo, hubo un gran pacto político y social por los derechos laborales de los trabajadores -incluidos los que se metieron a propietarios instrumentales para intentar que los demás cobraran y que los empresarios vascos no se embolsaran, además, el dinero de los terrenos industriales- y fue el Ayuntamiento de San Fernando, gobernado por el PA y con Antonio Moreno al frente, el que asumió la bandera de la defensa de las 200 familias prescindiendo de otras salidas, como la de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) que hubiera evitado la hipoteca que ahora suponen los terrenos de FSC, afectados en parte por Defensa. Porque hace tiempo que no se habla de lo que tendrá que pagarse a Sogescar si no consigue la rentabilidad contemplada en el convenio.

Se da una curiosidad más en todo este asunto cuando el PP Isleño y el PA piden responsabilidades al candidato del PSOE, Fernando López Gil, por lo ocurrido hace nueve años. En esos tiempos el portavoz socialista estaba en la universidad y posibleme