Un pacto por la sanidad

ABC asegura en su primera página que Madrid y Cataluña impulsan un pacto por la sanidad al margen del Gobierno, y que ambas comunidades estudian medidas de contención del gasto para garantizar la sostenibilidad del sistema. Se trataría, según explica el reportaje, de mantener a flote el Sistema Nacional de Salud, garantizando la calidad y el futuro de la atención sanitaria. Dice el trabajo periodístico que en el proyecto se han involucrado el País Vasco, Baleares, Asturias, Extremadura o Castilla la Mancha, entre otras comunidades.

Sin duda, sorprende al lector una información de esta especie, justamente en los días en los que el ministerio de Economía trata de cuadrar sus cifras para ofrecer a las distintas CCAA del “sistema general” de financiación unos datos de “mayor nivelación” que los actuales, para que cada ciudadano español disponga de una mínima e igual cobertura con la que los gobiernos autonómicos puedan afrontar los dos principales y esenciales gastos, la Sanidad y la Educación.

Desde hace años, son varias las comunidades cuyos gobiernos repropusieron estar a la cabeza y competir con los demás en el servicio y la atención sanitaria. Modélico fue, en este sentido, el esfuerzo del gobierno catalán, que sin embargo, años más tarde, se ve desbordado por las necesidades y desolado por las críticas de la población atendida. En Madrid se viene practicando otro procedimiento: abrir la sanidad a grupos privados. Alguna comunidad ha tratado redistinguirse por ofrecer, por ejemplo, atención bucodental a los más jóvenes.

No hay duda de que la reformulación de la financiación de las autonomías pudiera modificar algunos criterios y prioridades de las comunidades y sus gobiernos. Por ejemplo, no estaba en el criterio inicial prestar atención a la enseñanza de la lengua local, pero a Zapatero parece que le convenció el argumento de Pérez Touriño. Sería ciertamente “revolucionario” que el Estado central se hiciera cargo de la promoción del gallego y catalán en sus presupuestos autonómicos. Por esta vez, el Estado central quitaría esa bandera reivindicativa a los nacionalistas de CiU, ERC y el BNG, para pasar ese gasto al conjunto de los españoles, más o menos “orgullosos de disponer de lenguas cooficiales”...