El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha destacado este viernes la complejidad administrativa que enfrenta la Administración andaluza para conseguir la autorización final para la reapertura de la corta minera de Aznalcóllar, cerrada en 2002 después de la catástrofe ambiental derivada de la fractura de una balsa de residuos de metales pesados en 1998. Durante sus declaraciones en Canal Sur Radio, Paradela explicó que la tramitación de la autorización para este proyecto de reapertura sigue avanzando, con la autorización ambiental unificada (AAU) ya concedida por la Consejería de Sostenibilidad, aunque pendiente de una resolución definitiva tras las alegaciones presentadas.

El proyecto de reapertura de la mina sigue adelante, aunque se enfrenta a una oposición considerable desde sectores ecologistas. Estas organizaciones, como Ecologistas en Acción, alertan sobre los posibles efectos ambientales negativos, incluyendo el vertido de aguas contaminadas con metales pesados en el estuario del Guadalquivir, un área de alto valor ecológico protegida por la Red Natura 2000. Según los ecologistas, el proyecto podría implicar el vertido de millones de litros de aguas contaminadas durante al menos 18 años, lo que podría afectar gravemente a los ecosistemas locales y la agricultura de la región.

Paradela, por su parte, aseguró que el proceso de reapertura sigue los plazos establecidos, con los permisos mineros y las autorizaciones sustantivas en curso. El proyecto prevé la creación de aproximadamente 2.000 empleos directos e indirectos y la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, como cobre, zinc y plomo, durante los 17 años de vida útil de la mina, después de un periodo inicial de reacondicionamiento.

En cuanto a las reclamaciones medioambientales, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha aclarado que la suspensión temporal de la autorización ambiental, que fue solicitada por los ecologistas, no implica una cancelación del proyecto, sino que es un procedimiento administrativo que debe ser resuelto. La consejería ha asegurado que se cumplirán todas las garantías medioambientales, y que la actividad contará con una estación depuradora de agua de última generación para minimizar los impactos sobre los recursos hídricos.

El desarrollo del proyecto sigue siendo un tema de fuerte debate, con los ecologistas pidiendo una evaluación más exhaustiva de los posibles efectos ambientales y un cumplimiento riguroso de las normativas de protección ecológica. Mientras tanto, la Junta de Andalucía mantiene su apoyo al proyecto, asegurando que se toman todas las medidas necesarias para garantizar que la reapertura de la mina no represente un riesgo para el medio ambiente.