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El PP de Valencina afirma que la condena al exalcalde evidencia arbitrariedad de PSOE

El gobierno local critica la gestión socialista y afirma que el Ayuntamiento fue utilizado como un instrumento al servicio de intereses particulares

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  • El alcalde de Valencina, Antonio Suárez, con su equipo de gobierno -

El Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, dirigido por el alcalde popular Ramón Peña, ha manifestado que la reciente sentencia que condena a un año y medio de prisión al exalcalde socialista Antonio Manuel Suárez por un delito de prevaricación omisiva pone de manifiesto la "arbitrariedad" y la gestión partidista del PSOE durante sus años en el poder. La condena se deriva de su "permisividad" al permitir construcciones sin licencia en suelo no urbanizable y el funcionamiento de un restaurante asador sin autorización.

El portavoz del gobierno municipal, Joaquín Meseguer, subrayó que la resolución judicial refleja cómo, durante la gestión del PSOE, el Consistorio solo defendía los intereses personales de Suárez y sus allegados. El tribunal sostiene que, aunque el exalcalde aseguraba haber tomado medidas para reponer la legalidad, no implementó las correcciones necesarias tras las alertas sobre incumplimientos posteriores, y solo actuó tras una denuncia formal en 2020 por parte de la Policía Local.

Las construcciones ilegales habían sido promovidas por el hermano de un exedil del Ayuntamiento antes de que Suárez asumiera el cargo en 2007. A pesar de la ilegalización inicial de las obras, el tribunal considera que el exalcalde no garantizó su paralización ni la regularización efectiva del uso del terreno.

El Ayuntamiento gobernado por el PP también recordó la polémica investidura de Suárez en 2019, facilitada por una concejala tránsfuga que posteriormente fue condenada a devolver el dinero cobrado de manera ilegal. La actual administración señala que estos hechos privaron al municipio de un cambio de gobierno necesario para erradicar conductas contrarias al servicio público.

Meseguer denunció además que durante el mandato de Suárez se contrató a un profesional con dinero público para lanzar una campaña de desprestigio contra el actual alcalde y su familia, acciones que, a su juicio, ejemplifican una gestión alejada de la ética política y el respeto a la ciudadanía.

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