El grupo de activistas que mantiene okupado un céntrico edificio de Granada para darle uso social, lo que ayer lunes derivó en un altercado que se saldó con un detenido y al menos un herido leve, ha llegado a un acuerdo con la empresa contratada para el desalojo en virtud del cual los okupas se comprometen a dejar el bloque en un plazo de dos meses.

El detenido, que fue arrestado por un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, continúa este martes en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial previsiblemente a primeras horas de esta tarde, ha informado a EFE la Policía Nacional.

Tras los altercados de ayer, en los que intervino la Unidad de Intervención Policial, el entorno del edificio, en el calle Azacayas, junto a la Gran Vía, permanece tranquilo y sin presencia policial, según las fuentes.

Aunque los activistas llevaban varias semanas okupando el edificio, fue ayer cuando miembros de una empresa contratada por la familia propietaria del mismo se personaron en el lugar con la intención de que lo desalojaran, para lo que no contaban con orden judicial.

Los activistas recibieron desde fuera el apoyo de numerosos simpatizantes, que permanecieron concentrados durante horas bajo la vigilancia de la Policía Nacional, que mantenía desplegado desde la mañana un operativo pero de carácter preventivo, dado que no había delito porque la empresa contratada para el desalojo no había actuado y tampoco existía orden judicial para el lanzamiento, según las fuentes policiales.

Fue avanzada la tarde cuando la tensión derivó en un enfrentamiento que se saldó con un detenido y al menos un herido de carácter leve debido al lanzamiento de objetos desde los balcones del edificio okupado.

Al filo de la medianoche, la empresa encargada del desalojo, Ama Desokupa, y los activistas llegaron a un acuerdo en virtud del cual éstos se comprometieron a abandonar el bloque, okupado por una treintena de personas, en el plazo de dos meses, según ha confirmado a EFE una portavoz de la empresa.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha respaldado este martes la actuación de la Policía Nacional, que intervino "desde el primer momento", ha dicho a preguntas de los periodistas, para evitar alteraciones del orden público entre los okupas y los miembros de la empresa que se personaron como representantes de los titulares legítimos de la propiedad.

Fue una actuación policial "muy adecuada y muy correcta", según el subdelegado, que ha precisado que los agentes solo intervinieron cuando se produjo un enfrentamiento entre los concentrados, pero no hubo, sostiene, ninguna carga policial, "sino simplemente la separación de los grupos en el momento en el que se produjo algún enfrentamiento entre ellos".